Danbury permitirá que residentes permanentes y beneficiarios de DACA sean policías tras voto 18-2

DANBURY, Connecticut.— El Concejo Municipal de Danbury aprobó por 18 votos contra 2 una modificación que permitirá a residentes permanentes legales y beneficiarios de DACA competir por puestos como agentes de policía de la ciudad, siempre que cumplan los mismos requisitos de contratación, capacitación y certificación exigidos al resto de los aspirantes.

La votación se realizó el martes 1 de septiembre y modifica una ordenanza municipal que anteriormente exigía ciudadanía estadounidense para solicitar un puesto policial.

La medida se produce después de una serie de operaciones de Immigration and Customs Enforcement (ICE) que generaron protestas y preocupación entre comunidades inmigrantes de Danbury. Sin embargo, funcionarios municipales aseguran que el cambio no nació como respuesta inmediata a las recientes acciones federales: el alcalde Roberto Alves dijo que él y el jefe de Policía Patrick Ridenhour llevaban años discutiendo la posibilidad y que su administración comenzó a tramitar formalmente la modificación meses antes.

¿Quién puede ahora solicitar ser policía?

La reforma no autoriza de manera general a cualquier inmigrante sin ciudadanía a convertirse en agente.

Las nuevas categorías elegibles son:

residentes permanentes legales, comúnmente conocidos como titulares de una green card;
beneficiarios vigentes de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA);
además de ciudadanos estadounidenses, que ya eran elegibles.

Connecticut ya había flexibilizado sus estándares estatales. El Police Officer Standards and Training Council (POSTC) eliminó parcialmente el requisito de ciudadanía en noviembre de 2020 para incluir a residentes permanentes legales y amplió nuevamente la elegibilidad en marzo de 2025 para incluir a beneficiarios de DACA.

El formulario oficial de ingreso de POSTC actualmente reconoce como elegibles a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o beneficiarios de DACA, junto con otros requisitos de capacitación, antecedentes y certificación.

DACA no equivale a residencia permanente

Existe una diferencia migratoria importante entre ambos grupos.

Un beneficiario de DACA no es automáticamente residente permanente legal ni ciudadano estadounidense. USCIS define DACA como una forma de acción diferida que puede proteger temporalmente contra la deportación y permitir autorización de empleo, pero que no concede por sí misma estatus de residente permanente ni una vía automática hacia la ciudadanía.

Por esa razón, describir la decisión simplemente como permitir que “inmigrantes ilegales sean policías” sería impreciso.

La ordenanza identifica específicamente las categorías migratorias aceptadas y no elimina los demás requisitos para ingresar a la Policía de Danbury.

“Los estándares no están siendo reducidos”

El alcalde Alves y el jefe Ridenhour han insistido en que la modificación amplía el grupo de personas que pueden presentar una solicitud, pero no modifica los estándares profesionales de selección.

Los aspirantes continúan sujetos a verificaciones de antecedentes, evaluaciones psicológicas, pruebas del servicio civil, requisitos físicos, entrenamiento y certificación policial.

Ridenhour señaló que el proceso de selección ya es altamente exigente y que el departamento suele perder aproximadamente siete de cada ocho candidatos durante las primeras etapas de contratación.

El alcalde argumentó que la ciudad busca permitir que residentes calificados que ya forman parte de la comunidad puedan competir por esos puestos.

Más de 30 municipios de Connecticut ya permiten solicitudes de residentes permanentes y beneficiarios de DACA bajo las reglas estatales, de acuerdo con funcionarios de Danbury.

Dos concejales votaron en contra

La propuesta no fue unánime.

Dos miembros del Concejo votaron en contra y durante el debate surgieron objeciones particularmente relacionadas con DACA.

La concejal Candace Fay propuso separar la votación entre residentes permanentes y beneficiarios de DACA, pero la moción no prosperó. Fay expresó preocupación porque DACA es una protección administrativa que puede cambiar y porque una persona podría perder su elegibilidad migratoria después de que la ciudad hubiera invertido recursos en su capacitación.

Los defensores de la reforma respondieron que ese escenario no justifica excluir preventivamente a candidatos que actualmente reúnen las condiciones establecidas por Connecticut.

El voto llegó después de una fuerte operación de ICE

La proximidad entre la votación y las recientes detenciones migratorias añadió una dimensión política al debate.

Connecticut Public documentó múltiples arrestos de ICE en Danbury a partir del 24 de agosto. Para el 26 de agosto, organizaciones comunitarias habían contabilizado al menos 50 personas detenidas en la ciudad durante esa semana, aunque las cifras fueron recopiladas por defensores locales y no constituyeron un balance consolidado de ICE.

Reportes posteriores situaron el número de arrestos conocidos en Danbury por encima de 60, pero ICE no confirmó públicamente un total completo de la operación.

Las acciones provocaron protestas en las que participaron funcionarios estatales y locales, incluidos el gobernador Ned Lamont, el senador Chris Murphy, la congresista Jahana Hayes y el alcalde Alves.

Un concejal vinculó públicamente ambos hechos

El concejal demócrata Joe Britton reconoció durante el debate que la reforma no había sido programada originalmente como respuesta a las operaciones migratorias, pero consideró significativa la coincidencia temporal.

Britton describió las acciones federales como una “invasión” durante sus comentarios políticos y sostuvo que aprobar la reforma enviaba un mensaje de bienvenida a la comunidad inmigrante de Danbury. La descripción de las operaciones como una “invasión” corresponde a la caracterización política del concejal, no a una descripción factual de Telediario.tv.

Britton también señaló posteriormente que el cambio no reduce los requisitos para convertirse en policía y que los candidatos elegibles deberán superar los mismos controles y entrenamientos.

La reforma ya estaba en marcha antes de las redadas

La cronología es relevante porque evita presentar la ordenanza como una represalia directa contra ICE.

Documentos municipales muestran que Danbury ya estaba discutiendo modificaciones a la sección de la ordenanza sobre nombramientos policiales desde al menos abril de 2026, varios meses antes de la operación migratoria de finales de agosto. Una versión publicada en la agenda municipal ya incluía lenguaje que incorporaba a residentes permanentes y beneficiarios de DACA.

El propio Alves confirmó que la administración venía preparando el cambio antes de las detenciones recientes.

Por tanto, es correcto decir que el voto ocurrió después de las operaciones de ICE y que algunos concejales relacionaron políticamente ambos acontecimientos, pero no que la política haya sido creada exclusivamente como respuesta a esas operaciones.

¿Podrán estos agentes hacer todo lo que hace un policía?

Los candidatos contratados bajo la nueva norma deberán obtener las certificaciones correspondientes de Connecticut y cumplir las reglas profesionales aplicables.

POSTC exige, entre otras condiciones, edad mínima, educación requerida, licencia de conducir válida, exámenes de ingreso, entrevistas, revisión de huellas y antecedentes y ausencia de determinadas condenas descalificantes.

Una vez contratados y certificados, actuarían como agentes del Departamento de Policía de Danbury bajo las mismas funciones y estructura departamental aplicables a otros oficiales.

La reforma no crea una policía migratoria municipal ni modifica las competencias de ICE, que es una agencia federal.

Un debate más amplio sobre inmigración y servicio público

El caso de Danbury refleja una discusión más amplia en Estados Unidos sobre si la ciudadanía debe seguir siendo un requisito indispensable para determinados puestos policiales.

Quienes respaldan políticas como la aprobada argumentan que residentes que llevan años viviendo legalmente en una comunidad pueden aportar idiomas, conocimiento cultural y vínculos con poblaciones a las que sirven.

Los críticos plantean preguntas sobre la permanencia del estatus migratorio, especialmente en el caso de DACA, y sobre si las funciones policiales deberían reservarse exclusivamente a ciudadanos estadounidenses.

Connecticut optó por flexibilizar sus reglas estatales desde 2020 y volvió a ampliarlas en 2025. Danbury ahora ajustó formalmente su ordenanza municipal a ese marco.

La decisión de Danbury representa una ampliación del acceso a empleos policiales para determinados residentes que no poseen ciudadanía estadounidense, pero no elimina los requisitos de seguridad, formación ni certificación para convertirse en agente.

También debe separarse de la controversia por las recientes operaciones de ICE: la reforma estaba en preparación desde antes, aunque su aprobación ocurrió en un momento de fuerte tensión migratoria y algunos funcionarios municipales aprovecharon la votación para expresar respaldo a la comunidad inmigrante.

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