Senador republicano pide a Trump “dar un paso atrás” y revisar su estrategia migratoria

WASHINGTON. — El senador republicano Jim Justice, de Virginia Occidental, pidió a la administración del presidente Donald Trump reconsiderar aspectos de su estrategia de control migratorio, en una inusual crítica procedente de un legislador de su propio partido.

Justice dijo a Politico que para mejorar es necesario reconocer cuando algo puede estar haciéndose mal y sostuvo que el Gobierno debería “dar un paso atrás” y evaluar posibles ajustes. Sus comentarios fueron recogidos este 30 de septiembre por varios medios estadounidenses.

La posición del senador no representa un rechazo general a la aplicación de las leyes migratorias. En junio, Justice votó a favor de legislación para financiar a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmando entonces que ambas agencias necesitaban recursos para asegurar la frontera.

El cambio está en sus cuestionamientos sobre cómo se están realizando algunas operaciones dentro del país.

“Tal vez estamos haciendo algo mal”

Justice planteó que la administración debe estar dispuesta a examinar sus propias decisiones y modificar la estrategia cuando sea necesario.

La crítica llega después de que organizaciones del sector ganadero expresaran preocupación por el efecto de las operaciones migratorias sobre trabajadores y comunidades agrícolas.

Según The Guardian, asociaciones ganaderas de Kansas, Oklahoma y Texas han advertido que determinadas acciones de ICE están generando temor entre trabajadores esenciales para la producción de carne y otras actividades agrícolas.

Justice representa a Virginia Occidental, donde la agricultura incluye miles de explotaciones, muchas de ellas familiares.

Operación migratoria en Virginia Occidental bajo escrutinio

Las declaraciones también llegan meses después de la denominada Operation Country Roads, una operación de ICE desarrollada durante 15 días en Virginia Occidental.

En enero, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Virginia Occidental anunció que la operación había producido 650 arrestos y destacó la participación de agencias estatales y locales mediante el programa federal 287(g).

Posteriormente, un análisis de registros de ICE realizado por la ACLU de Virginia Occidental y Dragline cuestionó algunas de las cifras y caracterizaciones oficiales.

El informe determinó que 593 arrestos ocurrieron en Virginia Occidental, mientras que los restantes se produjeron en Pensilvania. También concluyó que aproximadamente tres de cada cuatro personas arrestadas en Virginia Occidental no tenían antecedentes penales.

La Fiscalía federal había destacado inicialmente casos relacionados con personas con antecedentes criminales graves. La ACLU sostuvo posteriormente que los registros obtenidos mediante solicitudes de información pública no respaldaban algunas de esas caracterizaciones para los detenidos analizados.

West Virginia Public Broadcasting señaló que parte de la discrepancia podría explicarse porque 185 personas arrestadas no generaron registros de detención en Virginia Occidental y algunas fueron procesadas en oficinas de ICE fuera del estado.

Justice mantiene apoyo a la seguridad fronteriza

Las declaraciones del senador requieren una distinción importante: Justice no pidió detener las deportaciones ni eliminar ICE.

En junio respaldó el Secure America Act y defendió públicamente recursos para ICE y la Patrulla Fronteriza.

“Si tu casa no tiene una puerta principal segura, realmente no tienes una casa”, afirmó entonces Justice al explicar su voto, según un comunicado de su oficina.

Su planteamiento actual se concentra en revisar el alcance y la ejecución de determinadas operaciones migratorias dentro de Estados Unidos.

Preocupación en el sector agrícola

El debate también está alcanzando al sector agropecuario.

Organizaciones ganaderas han expresado preocupación por operaciones de inmigración que, según sostienen, pueden afectar a trabajadores con experiencia y generar dificultades adicionales para productores que dependen de mano de obra inmigrante.

La discusión plantea una diferencia entre el objetivo de hacer cumplir las leyes migratorias y las consecuencias que determinadas estrategias de aplicación pueden producir en sectores con una fuerte dependencia de trabajadores extranjeros.

Más republicanos expresan reservas

Justice no es el único republicano que ha cuestionado aspectos de la aplicación de la política migratoria.

La representante republicana de Florida María Elvira Salazar ha planteado anteriormente preocupaciones sobre determinadas acciones de control migratorio y ha defendido una combinación de seguridad fronteriza con soluciones legislativas para algunos inmigrantes que llevan años establecidos en Estados Unidos. The Guardian incluyó a Salazar entre los republicanos que han marcado diferencias con partes de la estrategia de la administración.

Las diferencias no significan que exista un rechazo generalizado dentro del Partido Republicano a la agenda migratoria de Trump. Muchos legisladores republicanos continúan respaldando las operaciones de ICE y el aumento de recursos destinados a la aplicación de las leyes migratorias.

Una discusión dentro del propio Partido Republicano

Las declaraciones de Justice muestran una discusión sobre el alcance y los métodos de la aplicación de la ley migratoria, más que una ruptura completa con la política fronteriza del presidente.

El senador continúa respaldando la seguridad fronteriza y la actuación de ICE, pero sostiene que la administración debe examinar si algunas de sus operaciones están alcanzando a personas y comunidades de una manera que justifique cambios.

La Casa Blanca fue consultada sobre los comentarios del senador, según The Guardian. Al momento de esa publicación no había proporcionado una respuesta incluida en el reporte.

Las declaraciones de Jim Justice introducen una nueva voz republicana en el debate sobre la estrategia migratoria de la administración Trump. El senador no plantea abandonar el control migratorio, sino revisar cómo se ejecutan determinadas operaciones y realizar ajustes cuando sus consecuencias se aparten de los objetivos que, según sostiene, debería perseguir la política federal.

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