Gobierno de EE. UU. busca cancelar protección DACA a joven deportada por error

El gobierno de Estados Unidos intenta cancelar la protección otorgada bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a una joven que fue deportada por error, argumentando que dejó de ser elegible al encontrarse fuera del país después de su expulsión.

El caso se desarrolla ante un tribunal federal en Texas y ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los inmigrantes, que consideran que la postura del gobierno crea un precedente preocupante para cientos de miles de beneficiarios del programa. Según los abogados de la demandante, la joven contaba con una aprobación vigente de DACA cuando fue detenida y posteriormente deportada, por lo que sostienen que no debió perder esa protección como consecuencia de una expulsión que califican como equivocada.

Tras la deportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que la beneficiaria ya no reúne los requisitos del programa porque se encuentra fuera del territorio estadounidense, condición que, según la agencia, impide mantener vigente la acción diferida y el permiso de trabajo asociado. La defensa sostiene que ese razonamiento resulta contradictorio, ya que la salida del país fue consecuencia directa de la actuación del propio gobierno.

El programa DACA, creado en 2012, ofrece protección temporal contra la deportación y autorización de empleo para determinados inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Aunque continúa vigente para quienes ya eran beneficiarios antes de julio de 2021, las solicitudes iniciales permanecen paralizadas por decisiones judiciales, mientras que las renovaciones continúan procesándose.

El litigio ocurre en un momento en que el futuro de DACA sigue dependiendo de los tribunales federales. En Texas continúa el proceso judicial que cuestiona la legalidad del programa, mientras miles de beneficiarios permanecen atentos a nuevas decisiones que podrían afectar su permanencia y autorización para trabajar en Estados Unidos.

Abogados especializados en inmigración señalan que este caso es inusual porque pone a prueba si una persona puede perder la protección de DACA como consecuencia de una deportación que posteriormente es impugnada ante los tribunales. Hasta el momento, el juez no ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

El resultado podría influir en futuros litigios relacionados con beneficiarios de DACA y en la interpretación de las protecciones que ofrece el programa cuando ocurren errores en la aplicación de las leyes migratorias.

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