Justicia de EE.UU. presenta 40 casos para intentar revocar ciudadanías obtenidas por naturalización

WASHINGTON. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de 40 demandas para intentar revocar la ciudadanía estadounidense de personas naturalizadas, en lo que la administración del presidente Donald Trump describe como su mayor volumen de casos de desnaturalización presentado durante un solo período.

Las demandas fueron presentadas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026 ante tribunales federales de diferentes estados y Washington, D.C.

El fiscal general Todd Blanche calificó la iniciativa como el mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia moderna, según el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

La afirmación corresponde al Gobierno. Lo confirmado documentalmente es que se presentaron 40 acciones durante ese período; cada caso deberá ser evaluado individualmente por los tribunales.

¿Qué está haciendo realmente el Gobierno?

El término “quitar la ciudadanía” requiere una precisión importante.

El Departamento de Justicia no anunció que 40 personas hayan perdido ya su ciudadanía.

Lo que hizo fue presentar acciones judiciales solicitando a tribunales federales que revoquen sus naturalizaciones.

El propio Departamento de Justicia advierte que las afirmaciones contenidas en las demandas son alegaciones y que todavía no existe una determinación de responsabilidad en esos procedimientos.

Por tanto, mientras los tribunales no emitan las correspondientes decisiones, no debe describirse a los 40 demandados como personas cuya ciudadanía ya fue revocada.

¿Por qué busca revocar esas ciudadanías?

Según el Departamento de Justicia, los casos involucran acusaciones de que los demandados obtuvieron la naturalización ilegalmente o ocultaron hechos materiales o realizaron declaraciones falsas deliberadamente durante el proceso para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Los expedientes incluyen circunstancias muy diferentes.

El Gobierno menciona casos relacionados con fraude migratorio, fraude matrimonial, lavado de dinero, delitos sexuales, fraude sanitario, fraude de valores, uso de identidades falsas y actuaciones presuntamente vinculadas con gobiernos extranjeros.

Pero las bases legales y hechos alegados no son idénticos para los 40 demandados.

La ciudadanía naturalizada no puede revocarse simplemente por decisión administrativa

La desnaturalización es un procedimiento jurídico específico.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar una naturalización cuando el Gobierno demuestra, bajo las disposiciones aplicables, que fue obtenida ilegalmente o mediante ocultamiento de un hecho material o tergiversación deliberada.

En estos procedimientos civiles, el Departamento de Justicia debe acudir a un tribunal federal.

Eso significa que el Gobierno no puede convertir el anuncio de una demanda en una revocación automática de ciudadanía.

Cada expediente debe seguir su proceso judicial.

Casos distribuidos por numerosos tribunales

Las 40 demandas fueron presentadas en tribunales federales de California, Arizona, Colorado, Connecticut, Maryland, Florida, Georgia, Indiana, Nueva York, Pensilvania, Texas, Ohio, Virginia y Washington, D.C., entre otras jurisdicciones.

Los demandados proceden originalmente de diferentes países.

El Departamento de Justicia publicó además información individual sobre los fundamentos que atribuye a cada una de las acciones.

Algunos casos están relacionados con delitos cometidos antes de naturalizarse

Una característica relevante de varios expedientes es que determinadas condenas ocurrieron después de que las personas obtuvieran la ciudadanía.

Sin embargo, el argumento del Gobierno en esos casos es que la conducta delictiva habría comenzado antes de la naturalización y posteriormente habría sido ocultada durante el procedimiento migratorio.

Ese punto es jurídicamente importante.

Una condena penal posterior a la naturalización no significa automáticamente que una persona pueda perder su ciudadanía. El fundamento de estas demandas se centra en las circunstancias bajo las cuales el Gobierno sostiene que la naturalización fue obtenida.

Casos en Florida

Florida aparece entre las jurisdicciones donde el Departamento de Justicia presentó acciones.

Uno de los casos corresponde a Yusmary Shirley Duran Mejia, residente de Hialeah y originaria de Colombia.

Según el Gobierno, Duran Mejia se naturalizó en 2018 y posteriormente fue condenada por conspiración para cometer lavado de dinero. El Departamento de Justicia alega que su participación en la actividad ilegal comenzó antes de obtener la ciudadanía y que ocultó información relevante durante su naturalización.

Otro expediente presentado en el sur de Florida corresponde a José Villarreal Ortiz, originario de México. El Gobierno sostiene que obtuvo beneficios migratorios mediante información falsa relacionada con su vínculo familiar con una ciudadana estadounidense y posteriormente realizó declaraciones falsas durante su naturalización.

Estas son las alegaciones del Gobierno y deberán ser resueltas judicialmente.

Cubanos también aparecen entre los casos

El comunicado identifica además a personas originarias de Cuba.

Entre ellas se encuentra Lázaro Eduardo Trujillo Viton, contra quien el Departamento de Justicia presentó una demanda en Washington, D.C.

El Gobierno sostiene que Trujillo ocultó durante su proceso de naturalización su participación en una conspiración relacionada con fraude sanitario y reclamaciones fraudulentas a Medicare.

También figura Javier Marrero-Pando, de origen cubano, cuyo caso está relacionado con una condena posterior por un delito sexual que, según el Gobierno, involucró una conducta ocurrida antes de su entrevista de naturalización.

Nuevamente, la solicitud de desnaturalización constituye una acción judicial independiente que debe resolverse en los tribunales.

Una política que se ha acelerado durante 2026

Los 40 nuevos expedientes forman parte de un aumento más amplio de las acciones de desnaturalización.

Un análisis de TRAC publicado este año encontró un fuerte incremento de estas demandas durante mayo y junio de 2026. Históricamente, según esa organización, el Gobierno federal había presentado en promedio menos de una demanda civil de desnaturalización por mes; solo en mayo de 2026 se registraron al menos 15.

La administración Trump ha convertido estos procedimientos en una parte más visible de su política de aplicación de las leyes migratorias.

¿Afecta esto a todos los ciudadanos naturalizados?

No.

El anuncio no modifica por sí mismo el estatus de millones de estadounidenses que adquirieron su ciudadanía mediante naturalización.

Las 40 acciones están dirigidas contra personas específicas y se basan en circunstancias que el Departamento de Justicia afirma que hicieron ilegal la naturalización o involucraron ocultamiento o tergiversación deliberada de información relevante.

Tampoco significa que una persona naturalizada pueda perder automáticamente la ciudadanía simplemente por ser acusada o condenada posteriormente por un delito.

La cuestión central en estos procesos es si existen fundamentos legales suficientes para determinar que la naturalización fue obtenida de manera ilegal o mediante las conductas contempladas por la ley.

¿Qué ocurre si un tribunal ordena la desnaturalización?

Si el Gobierno demuestra los fundamentos legales y obtiene una sentencia favorable, el tribunal puede revocar la naturalización y cancelar el certificado correspondiente.

Las consecuencias migratorias posteriores dependen de las circunstancias particulares de cada persona y de otros procedimientos aplicables.

Por esa razón, desnaturalización y deportación no son jurídicamente lo mismo ni ocurren necesariamente de manera simultánea.

Un proceso que ahora queda en manos de los tribunales

El anuncio del Departamento de Justicia marca una ampliación significativa del uso de las demandas de desnaturalización durante la administración Trump.

Sin embargo, las 40 demandas representan el comienzo —no el final— de esos procesos.

Los tribunales tendrán que determinar individualmente si las pruebas presentadas por el Gobierno satisfacen los requisitos legales necesarios para revocar cada naturalización.

Cierre: El Departamento de Justicia ha abierto 40 procedimientos judiciales para intentar retirar la ciudadanía obtenida mediante naturalización, el mayor grupo presentado en un solo período bajo la actual administración. Pero el anuncio no equivale a 40 ciudadanías revocadas: las acusaciones deberán ser examinadas por tribunales federales y el propio Departamento de Justicia reconoce que todavía no existe una determinación de responsabilidad en las demandas anunciadas.

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