Jueza permite por ahora que avance el plan de Trump para restringir el voto por correo

WASHINGTON.— Una jueza federal permitió este miércoles que la administración del presidente Donald Trump avance, al menos temporalmente, con nuevas restricciones para el voto por correo de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026, aunque la legalidad definitiva de la medida continúa bajo disputa en los tribunales.

La jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, retiró una orden judicial que impedía al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) implementar las disposiciones derivadas de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo. Talwani explicó que estaba obligada a reconsiderar el bloqueo después de una decisión procesal de la Corte Suprema emitida dos días antes.

La decisión permite que, por ahora, entre en vigor la nueva regulación del USPS. Sin embargo, no significa que la jueza haya declarado constitucional o legal el plan de Trump.

Talwani ha expresado dudas sobre la autoridad presidencial para imponer estas modificaciones y advirtió sobre el riesgo de desorganización mientras continúan los litigios. La Corte Suprema tampoco resolvió el fondo de la controversia: determinó que un desafío anterior presentado por varios estados había sido interpuesto demasiado pronto, antes de que el Servicio Postal terminara de redactar sus reglas.

¿Qué cambia con las nuevas reglas?

La orden ejecutiva de Trump, firmada el 31 de marzo de 2026, instruyó al gobierno federal y al USPS a establecer nuevos mecanismos relacionados con la ciudadanía, elegibilidad electoral y distribución de boletas enviadas por correo.

La regulación final del Servicio Postal establece, entre otros requisitos, que los estados deben proporcionar información sobre las personas que recibirán boletas por correo y utilizar sistemas específicos de identificación y seguimiento.

Entre las principales disposiciones:

Los estados deben proporcionar al USPS listas de destinatarios de boletas por correo.
Los sobres utilizados para enviar y devolver las boletas deben incorporar códigos de barras únicos.
Los diseños de los sobres deben cumplir requisitos técnicos del Servicio Postal.
El USPS podría rechazar determinadas boletas o envíos que no cumplan los nuevos estándares o que estén asociados con personas que no aparezcan en las listas correspondientes.

La orden presidencial también estableció la creación de listas estatales de ciudadanía utilizando registros federales, incluidos datos del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración del Seguro Social.

La administración alega seguridad electoral

La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan impedir que personas que no son ciudadanas participen en elecciones federales y aumentar la seguridad y trazabilidad de las boletas enviadas por correo.

La orden ejecutiva señala que los códigos únicos permitirían auditar mejor el proceso y verificar el uso del sistema postal para las elecciones federales.

Los críticos cuestionan tanto el alcance de esa autoridad presidencial como la posibilidad de que las bases de datos utilizadas contengan errores o información incompleta que afecte a votantes legalmente elegibles.

Estados presentan una nueva demanda

La batalla judicial se reactivó inmediatamente después de que Talwani levantara su orden.

Los fiscales generales de 23 estados y el Distrito de Columbia, junto con el gobernador de Pensilvania, presentaron una nueva demanda en un tribunal federal de Boston para intentar detener la regulación del Servicio Postal.

Los demandantes argumentan que el USPS no tiene autoridad para establecer nuevos requisitos de elegibilidad electoral y sostienen que la Constitución reserva principalmente a los estados la administración de las elecciones, mientras el Congreso posee facultades para establecer reglas federales.

También advierten que implementar cambios técnicos y administrativos pocas semanas antes de las elecciones podría generar confusión y dejar fuera a votantes que legalmente tienen derecho a participar.

Organizaciones de derechos electorales, incluida la League of Women Voters, modificaron igualmente su demanda y solicitaron una nueva orden de restricción temporal para detener la implementación.

Nueva audiencia el 3 de septiembre

La situación podría volver a cambiar en cuestión de días.

Talwani ordenó a la administración Trump responder a las nuevas solicitudes judiciales y fijó para el 3 de septiembre una audiencia para determinar si concede otra orden preliminar que vuelva a bloquear las reglas mientras se decide el caso.

Esto significa que el plan puede avanzar actualmente, pero podría quedar nuevamente suspendido antes de que gran parte de las boletas electorales comiencen a circular.

El tiempo preocupa a funcionarios electorales

La proximidad de las elecciones de noviembre añade presión al litigio.

Algunos estados deben comenzar a enviar boletas en los primeros días de septiembre, especialmente a militares y ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país. AP informó que Carolina del Norte debe comenzar a enviar determinadas boletas el 4 de septiembre.

Los estados que demandaron al gobierno sostienen que las nuevas reglas podrían obligarlos a comprar sobres y equipos diferentes, modificar sistemas informáticos, incorporar códigos de barras y volver a capacitar trabajadores electorales en un plazo extremadamente corto.

Durante las elecciones de 2024, el Servicio Postal procesó cerca de 100 millones de boletas, según los estados demandantes citados por Reuters. Aproximadamente 30% de los votantes estadounidenses utilizaron alguna modalidad de voto por correo.

La Corte Suprema no decidió si Trump tiene autoridad

Uno de los puntos centrales de esta nueva etapa judicial es qué decidió —y qué no decidió— la Corte Suprema.

La mayoría conservadora del tribunal concluyó que el primer desafío de los estados era prematuro, porque fue presentado antes de que el USPS emitiera la regulación definitiva.

La Corte no determinó que la orden ejecutiva de Trump sea constitucional ni que las nuevas restricciones sean legales. El propio fallo dejó abierta la posibilidad de nuevos desafíos una vez que el gobierno adoptara medidas concretas para implementar la orden.

Ahora que la regulación del USPS está finalizada, los estados sostienen que esa condición ya se cumplió y que los tribunales pueden evaluar los efectos reales de la política.

Una batalla que podría regresar a la Corte Suprema

La rapidez con la que se están produciendo las demandas hace probable que el conflicto vuelva a tribunales de apelaciones e incluso a la Corte Suprema antes de las elecciones legislativas.

La votación de noviembre determinará el control del Congreso y cualquier modificación significativa de las reglas electorales a pocas semanas de la elección podría tener consecuencias operativas en numerosos estados.

Por ahora, la nueva regulación del Servicio Postal puede avanzar. Pero tanto los estados demandantes como los grupos de derechos electorales mantienen solicitudes activas para detenerla.

La decisión judicial representa una victoria temporal para la administración Trump, no una resolución definitiva sobre la legalidad de su plan. El próximo momento clave llegará el 3 de septiembre, cuando el tribunal considere si vuelve a suspender las reglas mientras continúa el litigio.

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