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Tribunal federal bloquea restricciones de la ley “Stop WOKE” en universidades públicas de Florida
MIAMI.— Un tribunal federal de apelaciones mantuvo bloqueada una parte clave de la ley conocida como “Stop WOKE Act”, impulsada por el gobernador Ron DeSantis para limitar la enseñanza de determinados conceptos sobre raza, sexo y discriminación en las universidades públicas de Florida.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito falló por 2 votos contra 1 que las restricciones impuestas a los profesores universitarios violan las protecciones de libertad de expresión establecidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión mantiene vigente una orden judicial preliminar emitida por un tribunal inferior, por lo que Florida no podrá aplicar esas disposiciones mientras continúa el litigio.
La jueza Britt Grant, nombrada por el presidente Donald Trump, redactó la opinión mayoritaria y estuvo acompañada por el juez Charles Wilson, designado durante la presidencia de Bill Clinton.
Grant rechazó el argumento del estado de que los profesores de universidades públicas hablan exclusivamente en nombre del gobierno por recibir un salario estatal.
La jueza calificó esa postura como una afirmación extraordinariamente amplia de poder para prohibir ideas impopulares dentro de instituciones que las propias leyes de Florida reconocen como centros de investigación y debate.
“Escuchar una idea con la que no estás de acuerdo no es discriminación”, escribió Grant. Añadió que escuchar diferentes posiciones puede ofrecer la oportunidad de formular una idea mejor o incluso cambiar de opinión.
Qué prohíbe la ley
La ley, aprobada por la Legislatura de Florida y firmada por DeSantis en 2022, se denomina oficialmente Individual Freedom Act.
También es conocida como Stop Wrongs to Our Kids and Employees Act, cuyas iniciales forman la expresión “Stop WOKE”.
La normativa impide que profesores de universidades públicas respalden o promuevan ocho conceptos específicos relacionados con raza, color, sexo y origen nacional.
Entre otras disposiciones, prohíbe la enseñanza que pueda provocar que una persona sienta culpa, angustia u otro tipo de malestar psicológico por hechos cometidos en el pasado por integrantes de su misma raza, sexo u origen nacional.
La ley permite mencionar o discutir esos conceptos, pero limita la posibilidad de que los profesores los presenten como correctos o los respalden durante sus clases.
DeSantis y los promotores de la norma argumentaron que buscaban evitar el adoctrinamiento y prevenir que las instituciones educativas promovieran ideas que, a su juicio, fomentaban la discriminación racial o sexual.
Los opositores sostuvieron que la ley buscaba censurar discusiones legítimas sobre la esclavitud, la segregación racial, las leyes Jim Crow, el racismo estructural y otras partes de la historia estadounidense.
Demanda presentada por profesores
El caso, conocido como Pernell contra Lamb, fue presentado por un grupo de profesores universitarios y contó con el respaldo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, y el Legal Defense Fund.
LeRoy Pernell, profesor de la Facultad de Derecho de Florida A&M University y uno de los demandantes, celebró el fallo.
Pernell afirmó que la decisión permite a profesores y estudiantes analizar temas con consecuencias reales para sus comunidades y desarrollar herramientas para enfrentar el racismo sin estar limitados exclusivamente a posiciones aprobadas por el gobierno estatal.
La ACLU describió el fallo como una victoria para la libertad académica y para el derecho de los estudiantes a recibir información diversa dentro de las universidades públicas.
La opinión disidente
La jueza Barbara Lagoa, también nombrada por Trump y anteriormente integrante de la Corte Suprema de Florida por designación de DeSantis, votó en contra.
Lagoa sostuvo que el estado tiene autoridad para determinar qué contenidos respaldan sus empleados cuando enseñan dentro de instituciones financiadas con recursos públicos.
En su opinión, la Primera Enmienda protege las diferentes posiciones en el debate público, pero no obliga al gobierno estatal a respaldar todas esas ideas dentro de sus propias aulas.
La mayoría respondió que los tribunales federales no deben administrar los planes de estudio universitarios, pero sí deben intervenir cuando el gobierno utiliza su poder para restringir expresiones protegidas por la Constitución.
Grant escribió que el gobierno no puede prohibir aquello que considera una “herejía”, incluso cuando las ideas en discusión resulten controvertidas u ofensivas.
Otras partes de la ley también fueron bloqueadas
Las disposiciones de la Stop WOKE Act dirigidas a los programas de capacitación en empresas privadas también fueron bloqueadas anteriormente por tribunales federales.
En 2024, el mismo tribunal de apelaciones determinó que las restricciones sobre las capacitaciones laborales violaban la Primera Enmienda porque prohibían determinados puntos de vista mientras permitían otros.
El nuevo fallo se concentra en la aplicación de la ley dentro de los colegios y universidades públicas de Florida.
Las disposiciones relacionadas con las escuelas de educación primaria y secundaria no formaron parte directa de esta decisión.
El estado todavía podría pedir que el caso sea revisado por todos los jueces del 11.º Circuito o intentar llevar la disputa ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Hasta el momento de publicarse esta información, el gobierno de Florida no había anunciado oficialmente cuál será su próximo paso legal.
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