Departamento de Justicia exige a condados de California identificar posibles votantes no ciudadanos antes de las elecciones

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su disputa con las autoridades electorales de California al exigir que los condados identifiquen a personas registradas para votar que el Gobierno federal considera posibles no ciudadanos estadounidenses.

Las nuevas solicitudes fueron enviadas el viernes 23 de octubre, cuando ya está en marcha la votación por correo para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Las autoridades federales concedieron un plazo de 48 horas para que los funcionarios electorales se comprometan a colaborar en la verificación de la ciudadanía de las personas señaladas.

También solicitaron que los votos por correo correspondientes a electores cuya ciudadanía no pueda confirmarse sean separados temporalmente y no se contabilicen hasta completar la revisión.

La medida forma parte de una ofensiva judicial de la administración del presidente Donald Trump para investigar posibles registros y votos ilegales de personas sin ciudadanía estadounidense.

Sin embargo, California cuestiona la fiabilidad de las listas utilizadas por el Gobierno federal y advierte que ciudadanos habilitados para votar podrían verse perjudicados.
¿Qué está exigiendo el Departamento de Justicia?
Las cartas enviadas a los responsables electorales solicitan la colaboración de los condados con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo declarado es establecer cuáles de las personas incluidas en los registros federales son ciudadanos estadounidenses y cuáles no cumplen ese requisito.

Para realizar la revisión, el Gobierno solicita información personal y electoral, incluidos documentos de identificación, registros de inscripción y números de Seguro Social cuando estén disponibles.

Las autoridades federales consideran que esos datos permitirían comparar los registros estatales con la información migratoria del Gobierno.

También piden que los condados separen los votos de aquellas personas cuya ciudadanía no pueda confirmarse de inmediato.

La instrucción no equivale a cancelar automáticamente esos votos, sino a impedir su contabilización mientras se determina la elegibilidad del elector.

Esta diferencia es fundamental porque figurar en una lista de posibles no ciudadanos no demuestra que una persona carezca de ciudadanía estadounidense.
Al menos 18 condados recibieron las exigencias
Según información recopilada por The Associated Press, al menos 18 condados de California habían recibido las nuevas cartas federales.

NBC News informó que las comunicaciones fueron dirigidas a 57 de los 58 condados del estado, después de que el condado de Los Ángeles recibiera una solicitud similar la semana anterior.

Las autoridades locales comenzaron a revisar los requerimientos con sus respectivos equipos jurídicos.

Entre los condados señalados en la cobertura se encuentran San Bernardino, Santa Cruz y Contra Costa.

Los funcionarios electorales deben determinar cómo responder a las solicitudes sin incumplir las normas estatales y federales que regulan la protección de los datos personales y la administración de las elecciones.
San Bernardino recibe una lista de 1.133 personas
Una de las cartas obtenidas por los medios estadounidenses fue enviada a las autoridades electorales del condado de San Bernardino.

El documento identifica a 1.133 personas que el Gobierno federal considera posibles no ciudadanos inscritos en el registro electoral.

La comunicación solicita verificar su situación y colaborar con las agencias federales.

También advierte sobre posibles consecuencias legales para funcionarios que contabilicen deliberadamente votos emitidos por personas que no tienen derecho a participar en elecciones federales.

No obstante, los 1.133 nombres representan personas señaladas para revisión.

No constituyen 1.133 casos demostrados de voto ilegal.

Para determinar si existe una infracción, las autoridades deben verificar individualmente la situación de cada persona.
El Gobierno federal señala a más de 20.000 posibles votantes no ciudadanos
La controversia comenzó antes de las cartas enviadas el viernes.

El 15 de octubre, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California después de informar que había identificado a más de 20.000 personas registradas para votar que consideraba probablemente no ciudadanas.

Según el Gobierno federal, la lista fue elaborada mediante análisis de registros electorales y comparación con información migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional participó en la revisión.

Las autoridades federales sostienen que permitir la contabilización de votos de personas que no tienen ciudadanía estadounidense vulneraría las leyes electorales.

Sin embargo, el análisis todavía está sujeto a revisión y sus resultados han sido cuestionados por las autoridades californianas.

La cifra de más de 20.000 personas no debe interpretarse como 20.000 votos fraudulentos comprobados.

Se trata de registros que el Gobierno federal considera sospechosos y que forman parte de una controversia judicial.
El Departamento de Justicia advierte sobre consecuencias penales
Bill Essayli, alto funcionario de la Fiscalía Federal en California, advirtió que los responsables electorales podrían enfrentar consecuencias legales si procesan deliberadamente votos de personas que saben que no son ciudadanas estadounidenses.

El Departamento de Justicia sostiene que las autoridades estatales tienen la obligación de impedir la participación de personas que no cumplen los requisitos establecidos por la legislación federal.

Según Essayli, el Gobierno obtuvo registros de inscripción y realizó una revisión para identificar posibles electores no elegibles.

La administración Trump considera que las verificaciones son necesarias para proteger la integridad de las elecciones.

Sin embargo, una advertencia de posibles consecuencias penales no demuestra que funcionarios electorales hayan cometido delitos.

Cualquier acusación deberá estar respaldada por pruebas y seguir los procedimientos judiciales correspondientes.
California rechaza las exigencias federales
La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y las autoridades electorales de Los Ángeles han cuestionado las solicitudes del Departamento de Justicia.

En documentos presentados ante los tribunales, los representantes del estado sostienen que las listas federales pueden contener errores.

También advierten que separar votos de personas cuya ciudadanía no ha sido verificada podría afectar a ciudadanos estadounidenses que tienen derecho a participar en las elecciones.

California considera que la intervención federal puede alterar los procedimientos electorales cuando millones de personas ya están recibiendo y devolviendo sus papeletas.

Las autoridades estatales defienden la necesidad de cumplir los mecanismos legales establecidos para verificar la elegibilidad de los votantes.

La disputa enfrenta dos preocupaciones distintas: impedir votos ilegales y proteger el derecho de los ciudadanos habilitados para votar.
Los funcionarios electorales denuncian presión
Algunos responsables de los condados han expresado preocupación por el tono de las comunicaciones federales.

Tricia Webber, funcionaria electoral del condado de Santa Cruz, informó que representantes del Departamento de Justicia acudieron personalmente a su oficina para entregar una carta.

La comunicación solicitaba revisar una lista de 81 personas en ese condado.

Webber explicó que estaba examinando el documento con sus asesores legales.

Por su parte, Kristin Connelly, responsable electoral de Contra Costa, cuestionó las advertencias de posibles consecuencias penales.

Los funcionarios han señalado que deben administrar las elecciones conforme a las leyes aplicables y que cualquier revisión de los registros requiere procedimientos adecuados.

La presión federal ocurre cuando los condados están concentrados en procesar las papeletas recibidas y preparar la jornada electoral.
¿Pueden votar los inmigrantes en Estados Unidos?
En las elecciones federales estadounidenses, el derecho al voto corresponde a ciudadanos de Estados Unidos que cumplen los demás requisitos legales.

Las personas que tienen residencia permanente, pero todavía no han obtenido la ciudadanía estadounidense, no pueden votar en elecciones federales.

Tampoco pueden hacerlo las personas que se encuentran en el país con visas temporales o sin autorización migratoria.

La ciudadanía estadounidense es un requisito esencial para votar por representantes al Congreso y otros cargos federales.

Sin embargo, una persona naturalizada tiene los mismos derechos de participación electoral que los demás ciudadanos, siempre que cumpla los requisitos aplicables.

Por tanto, haber nacido fuera de Estados Unidos no impide votar.

La diferencia legal es la ciudadanía, no el país de nacimiento.
¿Qué ocurre con los ciudadanos naturalizados?
La controversia es especialmente importante para millones de estadounidenses que obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización.

Estas personas tienen derecho a registrarse y votar en las elecciones federales.

Los registros migratorios pueden cambiar cuando un residente permanente se convierte en ciudadano estadounidense.

Por ello, cualquier revisión de elegibilidad debe utilizar información actualizada y mecanismos que permitan corregir errores.

Una persona puede aparecer incorrectamente en una base de datos si sus registros no reflejan su situación actual.

Las autoridades deben evitar que una identificación preliminar prive injustificadamente del voto a un ciudadano habilitado.

La inclusión en una lista de revisión tampoco implica automáticamente que exista una investigación penal contra esa persona.
¿Qué pasa si una persona aparece en la lista federal?
Las cartas del Departamento de Justicia solicitan revisar la ciudadanía de las personas identificadas.

Cuando no pueda verificarse inmediatamente, el Gobierno federal pretende que sus papeletas sean separadas temporalmente.

Sin embargo, la aplicación efectiva de esa medida está sujeta a la controversia judicial y a las obligaciones legales de los funcionarios electorales.

No puede afirmarse que todas las personas incluidas en las listas perderán automáticamente su derecho al voto.

Tampoco que todos sus votos hayan sido anulados.

La situación dependerá de la revisión individual y de las decisiones que adopten los tribunales.

Los ciudadanos que tengan dudas sobre su inscripción electoral pueden consultar directamente con las autoridades electorales de su condado.
El Gobierno federal presenta cargos contra 28 personas
La controversia también incluye actuaciones penales.

Durante la semana anterior, las autoridades federales anunciaron cargos contra 28 personas identificadas a partir de la lista de aproximadamente 20.000 registros bajo investigación.

Las acusaciones incluyen presunta inscripción ilegal para votar.

Algunas personas también enfrentan señalamientos por supuestamente votar sin cumplir los requisitos o presentar información falsa en documentación relacionada con naturalización.

Estas actuaciones son procedimientos penales individuales.

Las acusaciones no constituyen condenas y las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia.

Tampoco permiten concluir que las otras miles de personas incluidas en la lista hayan cometido irregularidades.
El voto de personas no ciudadanas es poco frecuente
La participación de personas sin ciudadanía estadounidense en elecciones federales es ilegal.

Sin embargo, las investigaciones disponibles sobre elecciones anteriores indican que estos casos son poco frecuentes.

No existe evidencia de que el voto de personas no ciudadanas se produzca de manera masiva o haya alterado de forma generalizada los resultados de las elecciones federales estadounidenses.

La administración Trump sostiene que incluso las infracciones individuales justifican controles rigurosos.

California, por su parte, argumenta que las verificaciones deben realizarse sin comprometer los derechos de los electores legítimos.

La existencia de casos individuales debe diferenciarse de una acusación de fraude electoral generalizado.
Más de 23 millones de votantes registrados en California
California tiene más de 23 millones de personas inscritas en sus registros electorales.

Las papeletas para la votación por correo comenzaron a enviarse durante octubre.

Según documentos presentados por el estado ante los tribunales, más de 330.000 votos por correo ya habían sido contabilizados cuando se conocieron las nuevas exigencias federales.

Esta circunstancia aumenta la complejidad de la disputa.

Los funcionarios deben atender las solicitudes de verificación mientras continúan procesando los votos de millones de electores.

Las autoridades californianas advierten que modificar procedimientos en esta etapa podría provocar retrasos en la certificación de los resultados.

El Departamento de Justicia considera que es necesario actuar antes de que se contabilicen votos que puedan resultar ilegales.
La disputa ya está en los tribunales federales
La demanda presentada el 15 de octubre busca que California separe determinados votos por correo hasta verificar la ciudadanía de las personas señaladas.

El caso involucra al estado y a las autoridades electorales del condado de Los Ángeles.

Una audiencia está prevista para el martes 27 de octubre.

La administración Trump también solicitó la intervención del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito.

El resultado del proceso puede determinar si las autoridades electorales están obligadas a cumplir las medidas solicitadas por el Gobierno federal.

Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva que confirme todas las exigencias de la administración.
¿Qué significa esta controversia para las comunidades inmigrantes?
La disputa puede generar inquietud entre ciudadanos naturalizados, residentes permanentes y familias inmigrantes de California.

Es importante distinguir las situaciones legales de cada grupo.

Los ciudadanos naturalizados tienen derecho a votar en elecciones federales cuando cumplen los requisitos establecidos.

Los residentes permanentes que todavía no tienen ciudadanía no pueden participar en esos comicios.

Las personas que no tienen ciudadanía estadounidense también deben evitar registrarse para votar en elecciones federales, ya que una inscripción o participación indebida puede tener consecuencias legales y migratorias.

La controversia actual no significa que todos los inmigrantes estén siendo investigados.

Tampoco modifica automáticamente las leyes de ciudadanía o los requisitos de naturalización.

Se trata de una disputa sobre registros electorales, verificación de elegibilidad y procedimientos para contabilizar los votos.
La protección de los datos personales también genera inquietud
Las solicitudes federales incluyen información de identificación personal.

Entre los datos solicitados se encuentran registros de inscripción, documentos de identidad y números de Seguro Social.

Las autoridades electorales deben evaluar cómo compartir esa información conforme a las leyes aplicables.

La protección de los datos personales es especialmente importante porque una lista preliminar puede incluir a ciudadanos que no han cometido ninguna infracción.

Los datos de los electores deben manejarse con garantías adecuadas y únicamente para las finalidades autorizadas.

La controversia también plantea preguntas sobre el alcance de la intervención federal en los sistemas electorales administrados por los estados.
¿Qué ocurrirá antes de las elecciones del 3 de noviembre?
Las próximas decisiones judiciales serán fundamentales para determinar cómo deben responder los condados de California.

El Gobierno federal busca que se verifique la ciudadanía de las personas identificadas y que sus votos permanezcan separados mientras continúe la revisión.

California sostiene que debe protegerse el derecho al voto de las personas que cumplen los requisitos.

Los condados, mientras tanto, deben continuar preparando las elecciones y procesando las papeletas recibidas.

El proceso podría generar nuevas resoluciones, recursos judiciales o instrucciones administrativas antes del día de las elecciones.

Por ahora, no existe confirmación de que los más de 20.000 registros señalados correspondan a personas que efectivamente votaron ilegalmente.
CIERRE
El Departamento de Justicia intensificó su intervención en California al exigir que las autoridades electorales verifiquen la ciudadanía de miles de personas incluidas en una lista federal de posibles votantes no elegibles.

Las cartas enviadas el 23 de octubre conceden un plazo de 48 horas para colaborar en la revisión y solicitan separar determinados votos por correo hasta confirmar la ciudadanía de sus titulares.

El Gobierno federal defiende la medida como una forma de prevenir infracciones electorales.

California cuestiona la fiabilidad de los registros utilizados y advierte sobre el riesgo de afectar a ciudadanos con derecho al voto.

La disputa continúa en los tribunales a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

PRECISIÓN EDITORIAL: La existencia de las cartas federales y de la demanda judicial está confirmada. La cifra de más de 20.000 personas corresponde a registros considerados sospechosos por el Gobierno federal, no a casos comprobados de voto ilegal. Las 28 personas acusadas penalmente mantienen su presunción de inocencia.

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