Acuerdo petrolero con EE.UU. provoca rechazo en Venezuela y abre disputa por soberanía

CARACAS.— El acuerdo petrolero anunciado por el presidente Donald Trump entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó a generar un fuerte rechazo dentro de Venezuela, con críticas provenientes tanto de sectores tradicionalmente opositores como de antiguos funcionarios y grupos vinculados históricamente al chavismo.

El pacto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial probado de alrededor de 65.000 millones de barriles. Associated Press reportó que la estructura prevista daría a Estados Unidos un 55% efectivo de la producción de la nueva operación, incluyendo participación económica y derechos para comprar petróleo a costo.

Pero la forma en que Trump presentó el acuerdo —como un mecanismo mediante el cual Estados Unidos obtuvo “control mayoritario” de una porción enorme de las reservas venezolanas— tocó uno de los asuntos más sensibles de la identidad política del país: la soberanía sobre el petróleo.

Protestas en Caracas contra la presencia estadounidense

El sábado, decenas de organizaciones y simpatizantes oficialistas se concentraron en Caracas para rechazar la creciente participación estadounidense en la industria petrolera, según Reuters.

Associated Press también documentó manifestaciones en la capital contra el acuerdo y recogió reacciones de venezolanos que expresaron indignación y desconfianza sobre los términos del pacto.

Las protestas no representan necesariamente una movilización nacional masiva. Hasta ahora, la evidencia disponible confirma concentraciones en Caracas y una creciente controversia política, pero no permite afirmar que exista una protesta generalizada en todo el territorio venezolano.

El rechazo también surge desde sectores chavistas

La resistencia resulta políticamente significativa porque no procede únicamente de la oposición.

Grupos identificados con el chavismo disidente u originario, históricamente vinculados al discurso antiimperialista de Hugo Chávez, calificaron el acuerdo como una cesión de soberanía.

En La Hoyada, Caracas, integrantes del Frente Popular Antiimperialista participaron en una concentración contra la influencia estadounidense. La Unión de Trabajadores Revolucionarios también cuestionó lo que describió como acuerdos opacos realizados sin participación ciudadana.

El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA Manuel Quevedo manifestó públicamente su malestar después de que Caracas confirmara el acuerdo.

Otro antiguo presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, actualmente distanciado del gobierno, fue todavía más crítico y calificó el pacto de entreguista y contrario a la soberanía nacional. Estas afirmaciones constituyen posiciones políticas de sus autores y no determinaciones judiciales sobre la legalidad del acuerdo.

El PSUV respalda a Delcy Rodríguez

La dirección oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) adoptó una posición diferente y respaldó a Rodríguez.

El partido sostiene que la participación de capital y tecnología extranjera permitirá recuperar una industria severamente deteriorada, aumentar los ingresos públicos y mejorar servicios y salarios. El PSUV afirmó que el nuevo esquema busca colocar las reservas de hidrocarburos al servicio del desarrollo económico.

El contraste revela una fractura política relevante: mientras la dirección gubernamental presenta la asociación con Washington como pragmatismo económico, sectores del chavismo tradicional consideran difícil reconciliarla con décadas de discurso contra el control extranjero sobre los recursos venezolanos.

Delcy Rodríguez responde: “Venezuela conserva la soberanía”

Ante las críticas, Rodríguez difundió un mensaje nacional para defender el convenio.

La presidenta interina aseguró que el proyecto bilateral tendrá una duración de 25 años, abarcará 17 campos estratégicos y buscará elevar la producción relacionada con el acuerdo a más de 1,5 millones de barriles diarios.

Rodríguez sostuvo que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre los recursos y que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa.

Según sus cálculos, utilizando un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela podría recibir alrededor de 209.000 millones de dólares a lo largo del proyecto. La mandataria afirmó que aproximadamente 19 dólares de cada barril producido y vendido bajo el esquema quedarían directamente en Venezuela.

Esas cifras son proyecciones del gobierno venezolano y dependerán de variables como producción efectiva, inversión, costos operativos y precio internacional del petróleo.

Dos versiones sobre la duración generan preguntas

Uno de los aspectos que todavía requiere aclaración es la duración jurídica de las distintas partes del acuerdo.

Rodríguez afirma que el proyecto bilateral entre Venezuela y Estados Unidos tendrá vigencia de 25 años.

Sin embargo, Associated Press reportó que una nueva compañía formada entre el gobierno estadounidense y un operador privado venezolano habría recibido derechos sobre determinados campos sin desarrollar por 100 años.

Las dos cifras podrían referirse a instrumentos contractuales diferentes, pero el texto íntegro de los acuerdos todavía no ha sido publicado. Por ello, no es posible establecer con certeza cómo se relacionan ambos plazos.

El contrato completo sigue sin conocerse

Aunque Trump y Rodríguez han revelado cifras y objetivos, persisten preguntas esenciales.

Associated Press señala que no se ha publicado el texto completo del acuerdo, y todavía existen interrogantes sobre la financiación, la identidad y estructura definitiva de todos los operadores, las obligaciones contractuales y el calendario de inversión.

Reuters también señaló inicialmente que Trump ofreció pocos detalles sobre el mecanismo que otorgaría a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles.

Esta falta de documentación pública alimenta buena parte del rechazo.

Henrique Capriles cuestiona la falta de transparencia

Dentro de la oposición tampoco existe una posición completamente uniforme.

Henrique Capriles reconoció que Venezuela necesita inversión para recuperar su industria petrolera, pero cuestionó la opacidad del acuerdo y expresó desconfianza sobre la capacidad de las actuales autoridades para administrar los recursos.

El dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa adoptó una postura más cautelosa: señaló que la inversión extranjera puede contribuir a reconstruir la industria, pero sostuvo que la estabilidad de cualquier acuerdo requiere elecciones libres, instituciones confiables, Estado de derecho y reglas transparentes.

Hasta el reporte consultado del 29 de agosto, figuras como María Corina Machado no habían fijado públicamente una posición sobre el acuerdo.

Ricardo Hausmann cuestiona la legitimidad del pacto

El economista venezolano y exministro de Planificación Ricardo Hausmann también atacó el acuerdo.

Hausmann considera que Rodríguez carece de legitimidad y autoridad constitucional para comprometer los recursos venezolanos bajo esas condiciones y calificó el pacto de ilegítimo.

Se trata de una interpretación jurídica y política. Hasta ahora no existe un fallo judicial citado que haya declarado inconstitucional el nuevo acuerdo.

¿Qué establece la Constitución venezolana?

El debate tiene una base constitucional concreta.

El artículo 12 de la Constitución venezolana establece que los yacimientos mineros y de hidrocarburos existentes en el territorio pertenecen a la República, son bienes de dominio público y son “inalienables e imprescriptibles”.

El artículo 302 dispone además que el Estado se reserva, en los términos establecidos por ley, la actividad petrolera y otras industrias consideradas estratégicas.

Sin embargo, esto no significa automáticamente que toda participación extranjera sea inconstitucional.

En enero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó una profunda reforma petrolera que amplió la autonomía de empresas privadas y extranjeras, permitió nuevas formas de contratación y facilitó transferencias y operaciones antes restringidas.

La cuestión jurídica central será, por tanto, si la estructura específica del acuerdo preserva la propiedad estatal de los yacimientos y cumple con el marco constitucional y legal venezolano.

De nacionalización petrolera a una apertura sin precedentes

La controversia también tiene un fuerte componente histórico.

Venezuela nacionalizó formalmente su industria petrolera en 1976, dando origen a PDVSA como empresa estatal encargada de gestionar los activos petroleros.

Posteriormente, durante el gobierno de Hugo Chávez, el Estado aumentó nuevamente su control sobre proyectos donde operaban compañías extranjeras.

El nuevo esquema impulsado por Rodríguez constituye un giro profundo respecto a ese modelo, al conceder mayor autonomía operativa y participación a empresas privadas internacionales.

Ese cambio explica por qué algunos antiguos simpatizantes del chavismo lo interpretan como una ruptura con uno de los principios centrales de la llamada Revolución Bolivariana.

Estados Unidos busca petróleo para sus reservas y su consumo

El acuerdo también tiene objetivos explícitos para Washington.

AP reporta que parte de la producción adquirida por Estados Unidos podría destinarse a la Reserva Estratégica de Petróleo y a necesidades militares estadounidenses.

Trump también sostiene que un aumento de la oferta venezolana podría contribuir a reducir los precios estadounidenses de los combustibles.

Sin embargo, especialistas en energía advierten que reparar la infraestructura petrolera venezolana, aumentar perforaciones y elevar significativamente la producción requerirá años y miles de millones de dólares, por lo que cualquier impacto considerable sobre la gasolina estadounidense no sería inmediato.

Venezuela busca aumentar la producción

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero actualmente produce cerca de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de su capacidad histórica.

Décadas de deterioro de infraestructura, baja inversión, problemas administrativos y sanciones internacionales redujeron considerablemente la capacidad de PDVSA.

Rodríguez sostiene que el nuevo capital extranjero permitirá revertir esa situación.

Las autoridades venezolanas también preparan nuevos acuerdos con compañías internacionales, y Chevron se encuentra entre las empresas que negocian ampliar sus operaciones bajo el nuevo marco petrolero.

No existe una sola reacción venezolana

La respuesta social y política al pacto no puede resumirse simplemente como apoyo o rechazo nacional.

El gobierno y la dirección del PSUV lo defienden como una herramienta para recuperar la economía.

Sectores chavistas disidentes consideran que representa una pérdida de soberanía.

Parte de la oposición cuestiona la legitimidad y falta de transparencia del convenio, mientras otros dirigentes aceptan que la inversión estadounidense podría ser necesaria si existe un sistema democrático e institucional capaz de supervisarla.

Entre ciudadanos entrevistados en Caracas, AP encontró también enojo y sospechas de que las autoridades estén utilizando el petróleo para preservar su posición política.

El acuerdo petrolero que Trump presentó como el mayor de la historia está provocando en Venezuela una reacción que atraviesa antiguas divisiones políticas.

La controversia ya no enfrenta únicamente al chavismo con la oposición: también ha generado críticas dentro de sectores históricamente vinculados al propio movimiento bolivariano.

Rodríguez insiste en que Venezuela conserva la propiedad de sus hidrocarburos y que el acuerdo permitirá transformar reservas subterráneas en inversiones, empleos e ingresos públicos. Sus críticos responden que un pacto de esta magnitud necesita mayor transparencia, legitimidad política y garantías sobre la soberanía nacional.

Mientras no se divulguen íntegramente los documentos contractuales, seguirá siendo necesario distinguir entre el “control mayoritario” anunciado por Trump, la participación económica y operativa estadounidense y la propiedad jurídica de las reservas, que la Constitución venezolana atribuye a la República.

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