Gran jurado concluye que administración DeSantis mal utilizó $10 millones de fondos públicos; no presenta cargos

TALLAHASSEE, Florida.— Un gran jurado de Florida concluyó que la administración del gobernador Ron DeSantis “malversó” o utilizó indebidamente $10 millones en dinero de los contribuyentes al desviar parte de un acuerdo de Medicaid hacia la Hope Florida Foundation, desde donde los fondos terminaron en organizaciones políticas que participaron en la campaña contra la legalización de la marihuana recreativa en 2024.

Sin embargo, el mismo gran jurado determinó que no existía evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra una persona específica, debido principalmente a que no pudo establecer quién tomó finalmente la decisión de enviar esos $10 millones a la fundación.

El informe fue elaborado por un gran jurado del condado de Leon y completado en enero de 2026. Permanecía sellado, pero una copia fue obtenida y publicada esta semana por CBS News Miami. DeSantis no cuestionó públicamente la autenticidad del documento, aunque sostuvo que no se violó ninguna ley y criticó la filtración del material confidencial.

El dinero provenía de un acuerdo de Medicaid

El caso tiene su origen en un acuerdo de aproximadamente $67 millones entre Florida y Centene Corporation, relacionado con reclamaciones del programa Medicaid.

Según el informe del gran jurado, $10 millones de ese acuerdo fueron enviados directamente a Hope Florida Foundation, una organización vinculada a la iniciativa Hope Florida promovida por la primera dama Casey DeSantis. Los restantes $57 millones estaban destinados al estado.

El gran jurado rechazó la explicación de que los $10 millones constituían una especie de aporte adicional separado del dinero público recuperado.

Según el informe, la totalidad del acuerdo constituía un reembolso a los contribuyentes de Florida y esos $10 millones formaban parte de los daños que Centene debía pagar al estado.

La ley de Florida establece que cuando una agencia estatal resuelve una reclamación en la que el estado tenía derecho a recuperar dinero, los fondos recibidos deben depositarse en el General Revenue Fund o en el fondo fiduciario correspondiente.

De Hope Florida a dos organizaciones

Centene transfirió los $10 millones a Hope Florida Foundation el 4 de octubre de 2024, según el informe.

Pocos días después, la fundación aprobó dos subvenciones de $5 millones cada una:

$5 millones a Secure Florida’s Future.
$5 millones a Save Our Society from Drugs.

El gran jurado determinó que gran parte de ese dinero fue posteriormente transferido al comité político Keep Florida Clean, que estaba dirigido por James Uthmeier, entonces jefe de gabinete de DeSantis y actualmente fiscal general de Florida.

Un contador forense que examinó los registros bancarios para el gran jurado calculó que Keep Florida Clean recibió en total $8,5 millones procedentes de las dos organizaciones.

Posteriormente, ese comité transfirió $7 millones al Partido Republicano de Florida y otros $1,23 millones al Florida Freedom Fund, otro comité político encabezado por Uthmeier, según el informe.

El dinero fue utilizado contra la Enmienda 3

Los fondos fueron utilizados en actividades políticas dirigidas a derrotar la Enmienda 3, una propuesta sometida a los votantes de Florida en noviembre de 2024 que habría legalizado la marihuana recreativa para adultos.

DeSantis se opuso activamente a la iniciativa.

La propuesta obtuvo una mayoría de votos, pero no alcanzó el 60% requerido por la Constitución de Florida para aprobar una enmienda constitucional.

El gran jurado concluyó que el dinero de los contribuyentes terminó siendo utilizado con fines políticos partidistas y sin la transparencia que correspondía a recursos públicos.

¿Por qué no hubo cargos?

Esta es una de las precisiones más importantes del caso.

El gran jurado no absolvió a la administración de irregularidades, pero tampoco encontró la evidencia necesaria para responsabilizar penalmente a una persona concreta.

El informe señala que los investigadores no lograron identificar quién decidió originalmente que los $10 millones fueran enviados a Hope Florida Foundation.

El panel afirmó que ningún funcionario asumió la responsabilidad de haber tomado esa decisión y que los testigos tampoco pudieron recordar quién la autorizó.

Esa falta de identificación individual constituía, según el propio informe, un obstáculo fundamental para presentar un caso penal.

Por tanto, “no hubo cargos” no equivale a que el gran jurado concluyera que el manejo del dinero fue correcto. El panel afirmó expresamente que los fondos habían sido mal utilizados con fines políticos.

El informe señala el papel de James Uthmeier

El gran jurado prestó especial atención al papel de James Uthmeier, quien era jefe de gabinete de DeSantis cuando se produjo el acuerdo y posteriormente fue nombrado fiscal general de Florida.

El informe concluyó que Uthmeier ocupaba una posición de autoridad sobre las personas involucradas en el acuerdo y que testimonios ante el gran jurado lo vinculaban con instrucciones sobre el dinero después de que este llegara a Hope Florida.

Además, Keep Florida Clean, el comité político relacionado con Uthmeier, recibió la mayor parte de los fondos.

Uthmeier ha negado haber participado en actividades criminales y anteriormente calificó toda la controversia como un “nothingburger”. Tras conocerse el informe, sostuvo que la renovada atención sobre el caso era un ataque políticamente motivado.

No fue acusado de ningún delito.

Ashley Moody también aparece en el informe

El documento también examina el papel de la entonces fiscal general de Florida, Ashley Moody, actualmente senadora estadounidense.

El gran jurado concluyó que la oficina de Moody tenía conocimiento del plan para enviar los $10 millones a Hope Florida y que Moody autorizó a su entonces principal adjunto, John Guard, a firmar el acuerdo final.

Guard expresó durante su testimonio reservas sobre la operación y reconoció que el dinero podía ser considerado propiedad del estado, según el informe.

Moody respondió después de conocerse el documento que su oficina fue solo una de varias agencias involucradas en la aprobación del acuerdo y que no sabía cómo Hope Florida u otras organizaciones gastarían posteriormente los fondos.

Tampoco fue acusada de ningún delito.

El gran jurado cuestionó la rapidez de la operación

Otro aspecto destacado en el informe fue la velocidad con la que se concretó el acuerdo.

Según el gran jurado, después de años con pocos avances, el acuerdo se materializó rápidamente y se exigió a Centene transferir los $10 millones a Hope Florida en apenas siete días.

En cambio, la compañía disponía de más de un año para pagar los restantes $57 millones al estado.

El panel señaló que la rapidez resultaba llamativa porque las elecciones estaban a apenas 45 días cuando se realizó la transferencia.

El informe también afirma que no hubo una comunicación pública ampliamente difundida por parte de la Agencia para la Administración de Servicios de Salud o la oficina del gobernador anunciando la recuperación de los fondos.

En menos de un mes, los $10 millones habían salido de la fundación

Hope Florida Foundation recibió el dinero el 4 de octubre.

Dentro de los siguientes 25 días, según el gran jurado, los $10 millones ya habían salido de la organización.

Joshua Hay, quien presidía entonces la fundación, declaró que antes de esa transferencia la mayor donación que Hope Florida había recibido era de aproximadamente $100.000.

También testificó que supuso inicialmente que el dinero entregado a otras organizaciones podía estar relacionado con ayuda después de los huracanes Helene y Milton.

El gran jurado cuestionó que una fundación sin infraestructura para gestionar una transferencia de esa magnitud hubiera sido seleccionada para recibir los fondos.

DeSantis sostiene que no se violó la ley

El gobernador ha rechazado las acusaciones de irregularidades.

Tras conocerse el informe, DeSantis afirmó que no participó personalmente en la negociación del acuerdo y dijo estar satisfecho con la forma en que se manejó.

También calificó las acusaciones relacionadas con Hope Florida como un “hoax” y sostuvo que la operación fue legal.

DeSantis, Uthmeier y Moody no testificaron ante el gran jurado, según CBS News Miami.

La publicación del informe ha generado nuevas críticas políticas. David Jolly, candidato demócrata a gobernador, pidió reabrir la investigación.

El gran jurado pide cambios a la ley

A pesar de no presentar acusaciones criminales, el panel hizo recomendaciones específicas a la Legislatura de Florida.

Entre ellas:

Establecer claramente que cualquier dinero recibido por el estado debe depositarse en el fondo público correspondiente.
Crear consecuencias explícitas para quienes incumplan esa obligación.
Imponer reglas para controlar cómo organizaciones como Hope Florida pueden recibir y utilizar recursos provenientes del gobierno.
Crear mecanismos de seguimiento y supervisión del dinero público transferido a entidades externas.

El gran jurado sostuvo que quienes negociaron el acuerdo con Centene no establecieron restricciones suficientes sobre el uso del dinero y que, como consecuencia, no existió supervisión adecuada sobre su destino final.

Una investigación sin acusados, pero con conclusiones críticas

El caso presenta una situación jurídicamente distinta de una acusación penal.

El gran jurado encontró que $10 millones de dinero público fueron mal utilizados, pero sostuvo que no podía probar más allá del nivel necesario para una acusación quién era personalmente responsable de la decisión original.

Ninguna de las personas mencionadas en el informe ha sido acusada penalmente por estos hechos. Esa distinción debe mantenerse al informar sobre las conclusiones del panel.

El informe del gran jurado introduce una conclusión contundente en la controversia de Hope Florida: considera que dinero perteneciente a los contribuyentes terminó destinado a objetivos políticos, pero la incapacidad de establecer quién autorizó específicamente la operación impidió presentar cargos.

La atención ahora se desplaza hacia la Legislatura de Florida, que deberá decidir si adopta los cambios recomendados para reforzar la supervisión y el destino de futuros acuerdos que produzcan ingresos para el estado.

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