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España propone ampliar hasta 2030 la protección frente a desahucios tras el caso de una mujer de 87 años
MADRID. — El Gobierno de España acordó impulsar nuevas medidas para proteger a hogares vulnerables frente a los desahucios hasta 2030, después de que el desalojo de una mujer de 87 años de la vivienda madrileña donde había vivido durante más de siete décadas desencadenara protestas y reavivara el debate nacional sobre el acceso a la vivienda.
La propuesta forma parte de un paquete negociado entre el Partido Socialista (PSOE) y Sumar, socios del Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez, y todavía deberá conseguir suficiente respaldo en un Parlamento fragmentado para entrar plenamente en vigor.
El anuncio llega después del caso de Maricarmen Abascal, de 87 años, cuyo desahucio el 23 de septiembre se convirtió en un símbolo de la crisis de vivienda española.
Abascal fue retirada en camilla del apartamento del distrito madrileño de Retiro en el que había vivido desde 1956. La escena provocó indignación pública y movilizaciones que reunieron a miles de personas en Madrid y otras ciudades españolas.
El Gobierno propone ampliar la protección hasta 2030
El acuerdo alcanzado por los partidos de la coalición contempla extender hasta 2030 las protecciones frente a determinados desahucios de personas vulnerables.
La precisión es importante: el anuncio no supone una prohibición inmediata y universal de todos los desahucios en España.
La normativa actualmente vigente ya permite suspender hasta el 31 de diciembre de 2026 determinados procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando afectan a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional y se cumplen las condiciones establecidas legalmente.
El nuevo acuerdo pretende ampliar esa protección dentro de un paquete de medidas de vivienda que el Ejecutivo deberá llevar al Parlamento. Reuters informó que el Gobierno prevé dividir las iniciativas en dos decretos, cuya aprobación no está asegurada debido a la necesidad de conseguir apoyos adicionales.
Entre las propuestas también aparecen medidas relacionadas con la renovación de contratos de alquiler y restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión en el mercado residencial.
El caso que provocó las protestas
Maricarmen había vivido en el mismo apartamento durante unos 71 años. Su padre había alquilado originalmente la vivienda en 1956 y ella continuó residiendo allí después de la muerte de sus padres.
La propiedad cambió de manos y terminó vinculada a Urbagestión.
De acuerdo con Associated Press, el alquiler que pagaba Maricarmen rondaba los 500 euros mensuales y la nueva propiedad llegó a reclamar 2.650 euros, una cantidad posteriormente reducida a 1.650 euros.
Tras varios intentos anteriores de desahucio que no prosperaron, la mujer fue finalmente desalojada.
Las imágenes de Maricarmen, usuaria de silla de ruedas, siendo retirada en una camilla mientras manifestantes intentaban impedir el procedimiento provocaron una fuerte reacción pública.
Miles salen a las calles
El caso desencadenó movilizaciones en Madrid y otras ciudades.
El sábado posterior al desahucio, unas 25.000 personas, según cifras gubernamentales citadas por The Guardian, marcharon en Madrid para reclamar medidas contra el aumento del costo de la vivienda y mayores protecciones para los inquilinos.
Algunos manifestantes instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol y mantuvieron una acampada para exigir reformas en materia de alquileres y desahucios.
Las demandas de los movimientos de vivienda incluyen mayores protecciones para los arrendatarios, medidas contra prácticas consideradas especulativas y la suspensión de desahucios cuando las personas afectadas no tengan una alternativa habitacional.
Maricarmen podrá regresar a su vivienda
Mientras el Gobierno anunciaba sus propuestas, el caso particular de Maricarmen experimentó un giro.
Urbagestión y los representantes de la mujer alcanzaron un principio de acuerdo que permitirá que la mujer regrese al apartamento.
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid participó como mediadora en las negociaciones.
Según el acuerdo informado, Maricarmen tendría un nuevo contrato de ocho años y pagaría un alquiler adaptado a sus ingresos, equivalente como máximo al 30 % de su pensión, aproximadamente 500 euros mensuales.
La solución individual no pone fin, sin embargo, al debate nacional que provocó su desahucio.
La vivienda, en el centro del debate español
El caso ocurre en medio de una prolongada crisis de acceso a la vivienda en España, particularmente intensa en Madrid, Barcelona y otras zonas urbanas y turísticas.
El Gobierno aprobó en 2023 una ley de vivienda que amplió determinadas protecciones para los inquilinos y creó mecanismos para limitar alquileres en zonas declaradas tensionadas, pero la aplicación de algunas de esas disposiciones depende también de las comunidades autónomas.
Las políticas para afrontar la crisis siguen generando profundas diferencias entre los partidos españoles.
El Ejecutivo deberá ahora buscar apoyos parlamentarios para convertir las nuevas propuestas en legislación efectiva. Reuters señala que Junts, cuyos votos pueden resultar relevantes para la aprobación de los decretos, ha expresado preocupación por el impacto que algunas medidas podrían tener sobre pequeños propietarios.
Cierre: El desahucio de Maricarmen ha pasado de ser un conflicto individual entre una inquilina y la propiedad de su vivienda a convertirse en uno de los símbolos recientes del debate español sobre alquileres, desahucios y acceso a una vivienda asequible. El próximo paso dependerá del Congreso, donde el Gobierno deberá conseguir los votos necesarios para sacar adelante las nuevas protecciones.
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