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Inmigracion

Informe federal documenta millones en gastos desperdiciados durante expansión de centros de detención de ICE

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WASHINGTON. — Un nuevo informe de la oficina independiente de auditoría del Congreso de Estados Unidos concluyó que la rápida expansión de la capacidad de detención migratoria bajo la administración de Donald Trump ha provocado millones de dólares en gastos considerados desperdicio gubernamental, mientras advierte que el costo para los contribuyentes podría seguir aumentando.

La Government Accountability Office, GAO, publicó el informe el 24 de septiembre después de examinar seis iniciativas utilizadas por Immigration and Customs Enforcement, ICE, para incrementar rápidamente el número de camas disponibles desde enero de 2025.

La investigación determinó que ICE comenzó a invertir miles de millones de dólares sin contar primero con un plan estratégico integral que estableciera cuánta capacidad necesitaba, qué tipo de instalaciones debía utilizar y cuáles alternativas ofrecían mejor relación entre costo y beneficio.

La GAO utiliza en su propio informe la palabra “waste” —desperdicio— para describir determinados gastos.

Eso no significa que todo el dinero destinado a la expansión migratoria haya sido desperdiciado ni que exista evidencia de fraude o corrupción. El informe identifica gastos específicos considerados innecesarios y otros proyectos que presentan riesgo de producir pérdidas adicionales.

ICE compró 11 almacenes por $1.070 millones

Uno de los ejemplos más importantes es un plan para transformar grandes almacenes industriales en centros de detención.

ICE adquirió 11 propiedades por aproximadamente $1.070 millones.

Pero pocos meses después decidió cambiar su estrategia.

En junio de 2026, funcionarios dijeron a la GAO que trabajaban para vender siete de los 11 almacenes.

Esas siete propiedades habían costado aproximadamente $707 millones.

La venta todavía no se había completado cuando se publicó el informe, por lo que no puede afirmarse cuánto dinero recuperará finalmente el gobierno por los inmuebles.

Pero algunos gastos ya son irrecuperables.

ICE reportó aproximadamente:

$7,7 millones en costos vinculados con las adquisiciones, incluidos estudios de zonificación y seguros de títulos.

Otros $12,8 millones en seguridad, servicios públicos y otros gastos para mantener esas propiedades hasta agosto.

En conjunto, representan aproximadamente $20,5 millones en costos que no se recuperarían mediante la venta, según las cifras documentadas por la GAO.

Si finalmente los almacenes son vendidos por menos de los $707 millones que ICE pagó por ellos, las pérdidas aumentarían.

La GAO no calculó cuál será ese eventual resultado.

Otros $426 millones están comprometidos en dos almacenes

ICE planea conservar cuatro de las propiedades.

Entre ellas se encuentran instalaciones en Hagerstown, Maryland, y Surprise, Arizona.

La agencia adjudicó contratos por aproximadamente:

$113 millones para renovar la instalación de Maryland.

$313 millones para la instalación de Arizona.

Eso suma $426 millones en compromisos contractuales.

Sin embargo, los trabajos estaban mayormente paralizados en septiembre debido a litigios iniciados por los fiscales generales de ambos estados.

La GAO no calificó los $426 millones completos como desperdicio.

El problema señalado por los auditores es que ICE realizó grandes compromisos financieros sin haber completado previamente un análisis integral de costos, necesidades y riesgos.

Guantánamo: tiendas que nunca se utilizaron

Otro ejemplo aparece en la base naval estadounidense de Guantánamo Bay, Cuba.

La administración Trump había planteado inicialmente la posibilidad de albergar hasta 30.000 migrantes en la instalación.

Ese proyecto fue posteriormente reducido de manera drástica.

Funcionarios del Departamento de Defensa dijeron a la GAO que el plan resultaba inviable, en parte porque construir instalaciones que cumplieran los estándares de detención de ICE resultaba demasiado costoso.

El Departamento de Defensa gastó aproximadamente $2,85 millones en instalar tiendas de campaña que nunca fueron utilizadas para alojar detenidos, según informes de inspectores generales citados por la GAO.

El gobierno también comprometió cantidades mucho mayores para mantener las operaciones.

El Departamento de Defensa informó obligaciones por unos $68 millones relacionadas con detención migratoria en Guantánamo entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

ICE, por su parte, comprometió aproximadamente $43 millones entre octubre de 2024 y junio de 2026.

Durante el año fiscal 2026, la instalación mantuvo un promedio de apenas 16 detenidos por día, según la GAO.

$7,1 millones en comidas que no fueron necesarias

En Camp East Montana, la enorme instalación construida en Fort Bliss, Texas, los auditores encontraron otro problema de contratación.

El centro fue diseñado para albergar hasta 5.000 personas.

Pero su contrato estableció costos que no se ajustaban adecuadamente cuando había muchas menos personas detenidas.

La GAO determinó que ICE pagó aproximadamente $7,1 millones por comidas que no necesitaba entre el 1 de octubre de 2025 y el 12 de marzo de 2026.

Una investigación anterior de la misma GAO había encontrado además hasta $11,5 millones en pagos por guardias, servicios médicos, transporte, alimentación y otros servicios durante los primeros 15 días de agosto de 2025, cuando todavía no había ningún detenido en la instalación.

Los auditores recomendaron utilizar precios escalonados para que el gobierno pague de acuerdo con la población real del centro.

La GAO estimó que ese tipo de cambios podría generar decenas de millones de dólares en ahorros.

Florida: $249 por detenido al día

El informe también examina instalaciones utilizadas en Florida.

Una de ellas fue el centro temporal conocido como “Alligator Alcatraz”, establecido por el estado en los Everglades.

ICE no firmó inicialmente un contrato tradicional con Florida para operar el centro.

En cambio, el Departamento de Seguridad Nacional utilizó un programa de subvenciones administrado por FEMA para reembolsar al estado.

El programa autorizaba aproximadamente $249 por persona detenida por día.

La GAO comparó esa cifra con una mediana de aproximadamente $92 diarios en instalaciones tradicionales de ICE consideradas en su análisis.

Eso significa que la tarifa de Florida era aproximadamente 171% superior.

La diferencia no implica automáticamente que cada dólar adicional fuera desperdicio: distintos centros pueden tener estructuras de costos y necesidades diferentes.

La crítica de la GAO es que ICE no utilizó su procedimiento habitual para negociar previamente el costo.

Baker Correctional Institution recibe la misma tarifa

El acuerdo también alcanzó posteriormente a Baker Correctional Institution, en Sanderson, Florida.

Según la GAO, esa instalación tenía una población diaria promedio de aproximadamente 959 detenidos durante el año fiscal 2026.

FEMA aprobó su incorporación al mismo programa, por lo que Florida puede recibir también una tarifa de $249 diarios por detenido.

Los auditores señalaron nuevamente que el gobierno federal no había seguido su proceso normal de contratación con ICE antes de utilizar el establecimiento.

Cárceles federales también resultan más costosas

ICE recurrió además al Federal Bureau of Prisons, BOP, para albergar migrantes en ocho prisiones federales.

Las instalaciones mantenían un promedio diario conjunto de aproximadamente 1.126 detenidos durante el año fiscal 2026.

Según el análisis de la GAO, el costo mediano era de aproximadamente $182 diarios por detenido, casi el doble de la referencia de $92 utilizada para otros centros de ICE.

Funcionarios penitenciarios informaron además de costos adicionales relacionados con horas extras y asignaciones temporales de personal.

Una expansión financiada con $45.000 millones

La expansión se produjo después de que el Congreso aprobara una inyección sin precedentes de recursos para inmigración.

Una ley promulgada en julio de 2025 proporcionó alrededor de $75.000 millones adicionales a ICE hasta el año fiscal 2029, incluidos aproximadamente $45.000 millones destinados específicamente a capacidad de detención.

El gobierno de Trump sostiene que la ampliación es necesaria para implementar su política de aumentar arrestos, detenciones y deportaciones de personas que considera removibles bajo las leyes migratorias.

Una orden ejecutiva emitida en enero de 2025 instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a detener, dentro de los límites legales, a personas arrestadas por violaciones migratorias y a dedicar recursos disponibles a aumentar la capacidad de ICE.

La GAO no evaluó si esa política migratoria es adecuada como decisión política.

Su investigación se concentró en cómo se gastó el dinero y cómo se planificó la expansión.

La población detenida creció rápidamente

La expansión permitió aumentar considerablemente el número de personas bajo custodia.

Datos de ICE citados por la GAO muestran que la población diaria promedio pasó de aproximadamente 39.314 personas el 20 de enero de 2025 a más de 67.000 durante 2026.

El número de instalaciones autorizadas también aumentó con rapidez.

Ese crecimiento explica parte de la presión operativa a la que se enfrentó la agencia.

Pero para la GAO, precisamente por la magnitud del dinero y de la expansión, una planificación central era especialmente importante.

Cuatro de seis iniciativas fueron modificadas o reducidas

Los auditores examinaron seis grandes estrategias utilizadas desde enero de 2025.

Entre ellas estaban:

la expansión en Guantánamo;

centros en instalaciones militares dentro de Estados Unidos;

compra y transformación de almacenes;

adquisición directa de instalaciones privadas existentes;

centros operados mediante acuerdos con estados como Florida;

y el uso de prisiones del Bureau of Prisons.

Para julio de 2026, cuatro de esas seis estrategias habían sido reducidas, modificadas o parcialmente abandonadas, de acuerdo con el análisis del informe.

La GAO considera que estos cambios muestran por qué ICE debía haber desarrollado primero objetivos consistentes sobre cuántas camas necesitaba y qué tipo de infraestructura resultaba sostenible.

GAO: ICE no tenía un plan estratégico integral

Esta es la conclusión principal de la investigación.

La GAO determinó que ICE no había elaborado un plan integral que estableciera:

cuántas camas necesitaba;

qué características debían tener;

cómo se distribuirían geográficamente;

cuánto costarían a largo plazo;

qué alternativas eran más eficientes;

y qué riesgos acompañaban cada modelo.

Los auditores señalaron además que ICE no había evaluado adecuadamente los beneficios de instalaciones de alto costo frente a opciones tradicionales más económicas.

El organismo advirtió que, sin esa planificación, la agencia corre el riesgo de seguir realizando inversiones y posteriormente cancelarlas, reducirlas o reemplazarlas.

DHS acepta la recomendación

El Departamento de Seguridad Nacional aceptó la principal recomendación de la GAO.

La oficina de auditoría pidió que el director de ICE prepare un plan estratégico completo que incluya objetivos, actividades y necesidades de recursos.

DHS informó que ICE elaborará ese plan.

Sin embargo, la fecha prevista para terminarlo es el 31 de agosto de 2027.

La GAO considera que esperar hasta entonces podría resultar demasiado tarde debido a la enorme cantidad de fondos que ICE continuará utilizando durante los próximos meses.

La recomendación sigue formalmente abierta.

Informe fue solicitado por legisladores demócratas

La revisión fue solicitada por legisladores demócratas con posiciones de liderazgo en comités del Congreso, entre ellos los senadores Dick Durbin, Jack Reed y Gary Peters, y el representante Bennie Thompson.

Los legisladores han utilizado las conclusiones para criticar la gestión financiera de la expansión migratoria.

Eso constituye una interpretación política de los resultados.

La GAO, en cambio, es una institución no partidista de auditoría del Congreso y sus conclusiones formales se concentran en planificación, costos, eficiencia y administración.

El informe no acusa fraude

Otro punto importante es lo que la auditoría no concluye.

La GAO no acusa a ICE de fraude, sobornos o corrupción criminal.

Tampoco afirma que los miles de millones destinados a detención sean completamente inútiles.

El término “desperdicio” se aplica a gastos identificados como innecesarios, no recuperables o realizados sin que los servicios fueran utilizados.

En otros casos, el organismo habla de riesgo de desperdicio futuro, especialmente cuando las instalaciones cuestan mucho más que otras opciones o cuando no existe información suficiente sobre su sostenibilidad a largo plazo.

El monto final podría aumentar

Tampoco existe todavía una cifra única y definitiva de todo el dinero desperdiciado.

La GAO documenta varias cantidades específicas.

Entre ellas:

más de $20 millones en costos no recuperables de los almacenes que ICE planea vender;

$7,1 millones en comidas innecesarias en Camp East Montana;

$2,85 millones por tiendas de campaña nunca utilizadas en Guantánamo.

Pero no deben sumarse automáticamente todos los valores mencionados en el informe, porque algunas cifras corresponden a inversiones, contratos o riesgos futuros y no a pérdidas confirmadas.

El eventual resultado de la venta de los siete almacenes será particularmente importante.

Si ICE obtiene menos que los $707 millones pagados por esas propiedades, la diferencia se sumaría a los costos ya no recuperables.

La expansión de la detención migratoria ha permitido a ICE aumentar considerablemente su capacidad desde enero de 2025.

Pero el nuevo informe de la GAO concluye que la velocidad de esa expansión tuvo un costo financiero.

Almacenes comprados y posteriormente puestos a la venta, tiendas en Guantánamo que nunca fueron utilizadas y millones gastados en alimentos que no se necesitaron son algunos de los ejemplos documentados por los auditores federales.

DHS acepta ahora que ICE necesita un plan estratégico integral.

La preocupación de la GAO es el calendario: mientras la agencia espera hasta agosto de 2027 para completarlo, todavía dispone de decenas de miles de millones de dólares destinados a continuar ampliando su sistema de detención.

La cuestión para los auditores no es si el gobierno puede aumentar la detención migratoria.

Es si puede hacerlo sin seguir pagando por instalaciones, servicios y proyectos que posteriormente no necesita o abandona.

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