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Florida ordena retirar cámaras Flock y otros lectores de matrículas de carreteras estatales
TALLAHASSEE, Florida.— El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ordenó retirar los sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas instalados por agencias locales de seguridad en carreteras pertenecientes al State Highway System, una decisión que afecta las conocidas cámaras de Flock Safety y dispositivos similares de otros fabricantes.
La orden fue emitida el 31 de agosto de 2026 mediante el Memorando de Ingeniería y Operaciones No. 26-01. FDOT revocó las aprobaciones existentes y notificó a las agencias policiales que deberán retirar los dispositivos dentro de un plazo de 30 días. La agencia también dejará de aceptar nuevas solicitudes para colocar estos lectores dentro de los derechos de paso de las carreteras estatales.
La prohibición no alcanza a todas las cámaras Flock de Florida
El alcance de la medida es importante.
Florida no ha prohibido todos los lectores automáticos de matrículas en el estado. La decisión de FDOT se refiere específicamente a instalaciones ubicadas dentro de los derechos de paso de carreteras que forman parte del sistema estatal.
Cámaras operadas por gobiernos locales, departamentos de policía, asociaciones residenciales o entidades privadas en otros terrenos o vías no quedan automáticamente eliminadas por esta orden. El gobernador Ron DeSantis había señalado previamente que la gran mayoría de estos dispositivos en Florida son administrados localmente y que su acción inmediata se concentraría en los derechos de paso estatales.
¿Por qué Florida ordenó retirarlas?
FDOT justificó la medida por el rápido crecimiento de estas redes y por preocupaciones relacionadas con uso indebido, privacidad de datos y vigilancia masiva.
El memorando sostiene que el aumento acelerado de las instalaciones, sumado a reportes sobre utilización impropia de bases de datos, requiere una respuesta para proteger la privacidad y calidad de vida de los residentes.
DeSantis había endurecido públicamente su posición días antes, describiendo la expansión de los lectores de matrículas como fuera de control y advirtiendo que Florida no debería convertirse en un “estado de vigilancia”. El gobernador ha pedido además que la Legislatura examine nuevas restricciones sobre esta tecnología y otras herramientas basadas en inteligencia artificial.
¿Qué son estas cámaras?
Los sistemas ALPR —siglas en inglés de Automated License Plate Recognition— utilizan cámaras de alta velocidad y algoritmos informáticos para convertir imágenes de placas vehiculares en datos que pueden ser consultados posteriormente.
La propia ley de Florida define estos dispositivos como sistemas compuestos por cámaras móviles o fijas combinadas con algoritmos que convierten las matrículas fotografiadas en información legible por computadora.
Las agencias policiales utilizan esas bases de datos para buscar vehículos relacionados con investigaciones, automóviles robados, personas desaparecidas y otros casos.
La legislación estatal establece que las cámaras colocadas dentro del sistema estatal de carreteras no pueden utilizarse para emitir infracciones de tránsito o multas de tráfico. Su autorización estaba dirigida a la recopilación de información vinculada con investigaciones criminales activas.
FDOT tenía autoridad para ordenar su retiro
La decisión no requirió aprobar una nueva ley.
El estatuto 316.0777 de Florida establece expresamente que la instalación de estos sistemas dentro de los derechos de paso del sistema estatal queda a discreción del Departamento de Transporte.
La misma norma señala que una agencia policial debe retirar un lector dentro de los 30 días siguientes a una notificación de FDOT, y que los gastos de instalación y remoción corresponden a la agencia que solicitó el dispositivo.
Por eso, FDOT pudo retirar las autorizaciones administrativas existentes y exigir que las agencias procedieran a desmontar los equipos.
Algunos dispositivos podrían desaparecer antes
Aunque el plazo general es de 30 días, FDOT señaló que podría actuar con mayor rapidez cuando considere que una instalación representa una preocupación inmediata de seguridad o crea condiciones inseguras en una carretera.
Si una agencia no retira sus equipos dentro del plazo establecido, FDOT puede proceder con su remoción.
Casos de presunto abuso aumentaron la controversia
El debate en Florida se intensificó después de investigaciones sobre policías acusados de utilizar bases de datos de lectores de matrículas para fines personales.
Uno de los casos citados por medios locales involucra a un agente de Haines City acusado de realizar centenares de búsquedas relacionadas con el vehículo de su esposa separada. Otro caso involucró a una exdetective del condado de Sumter acusada de emplear Flock y otras bases de datos para obtener información relacionada con la exesposa de su marido.
Es importante distinguir esas acusaciones de un problema demostrado en cada instalación: los casos individuales alimentaron el debate político sobre controles y privacidad, pero no significan que todas las agencias que utilizan lectores hayan abusado del sistema.
La policía también defiende su utilidad
Las cámaras tienen defensores dentro de las fuerzas de seguridad.
Departamentos policiales de Florida han atribuido a lectores automáticos de matrículas la localización de vehículos robados, sospechosos buscados y personas desaparecidas.
Entre los casos citados públicamente se encuentran una investigación de homicidio en la que autoridades de Titusville utilizaron lectores para localizar a un sospechoso y la búsqueda de una adolescente de 13 años bajo una alerta Amber en el condado de Marion.
El debate, por tanto, enfrenta dos intereses distintos: la utilidad investigativa de una red capaz de localizar vehículos rápidamente y la preocupación de que esa misma infraestructura permita reconstruir los desplazamientos de personas que no están acusadas de ningún delito.
Flock anuncia nuevas medidas de privacidad
Flock Safety sostiene que no es necesario eliminar completamente esta tecnología para proteger la privacidad y ha anunciado cambios en sus sistemas.
La compañía informó en agosto que reduciría a siete días su periodo recomendado de retención de datos, convertiría en obligatorio un sistema destinado a detectar búsquedas sospechosas, incorporaría bloqueos preventivos de usuarios y ampliaría el uso de códigos de caso para vincular consultas con investigaciones determinadas. También anunció mayores requisitos de autenticación y seguridad.
Estas son medidas anunciadas por la propia empresa y no modifican la decisión adoptada por FDOT sobre instalaciones en carreteras estatales.
La discusión continuará en la Legislatura
La orden administrativa resuelve por ahora qué ocurrirá con las cámaras colocadas en carreteras estatales, pero no decide el futuro de miles de lectores que pueden seguir funcionando bajo jurisdicciones locales.
DeSantis ha señalado que espera que los legisladores aborden el asunto con reglas más amplias sobre vigilancia, datos e inteligencia artificial. Al mismo tiempo, ciudades y condados de Florida enfrentan sus propios debates sobre mantener, limitar o eliminar estos programas.
Por ejemplo, el condado de Pasco anunció recientemente que terminará un acuerdo relacionado con cámaras Flock, mientras en St. Petersburg la expansión y supervisión de estas redes se convirtió en un tema político local.
¿Qué cambia para los conductores?
Para un conductor, la orden no significa que desaparecerán todos los lectores de placas de las calles de Florida.
Significa que aquellos instalados mediante autorización de FDOT dentro de carreteras y derechos de paso pertenecientes al State Highway System deberán ser retirados en un máximo de 30 días.
Una cámara instalada en una calle municipal, carretera del condado o propiedad privada podría seguir operando si cumple con las normas aplicables y la autoridad correspondiente mantiene el programa.
La decisión de Florida representa uno de los mayores retrocesos recientes para las redes automáticas de reconocimiento de matrículas y traslada ahora el debate hacia ciudades, condados y la Legislatura estatal.
La cuestión central ya no es únicamente si estas cámaras pueden ayudar a resolver delitos, sino cuánto seguimiento vehicular debe permitir el gobierno, durante cuánto tiempo pueden conservarse esos datos y qué controles deben existir para impedir abusos.
Por ahora, la orden es concreta: las autorizaciones de FDOT fueron revocadas, no habrá nuevos permisos dentro de las carreteras estatales y las instalaciones existentes deberán ser retiradas.
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