ICE amplía deportaciones a “terceros países” y envía a más de 100 migrantes a ocho naciones de África

WASHINGTON.— La administración del presidente Donald Trump está ampliando el uso de las llamadas deportaciones a “terceros países”, una práctica mediante la cual inmigrantes con órdenes de expulsión son enviados a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos y, en algunos casos, a lugares donde nunca han vivido ni tienen vínculos familiares.

Durante un periodo reciente de 10 días, más de 100 personas fueron trasladadas en tres vuelos de deportación de Immigration and Customs Enforcement (ICE) hacia ocho países de África, de acuerdo con documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por CBS News.

Los destinos fueron Burundi, Camerún, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona. Según los documentos revisados por CBS, ninguna de las personas trasladadas era ciudadana del país africano al que fue enviada.

Entre los deportados había ciudadanos de Afganistán, Cuba, Nicaragua, Irán, Nepal, Turquía y Venezuela, además de ciudadanos africanos enviados a países diferentes a los de su nacionalidad.

Una práctica que se expande rápidamente

CBS News reportó que más de 30 países alrededor del mundo han aceptado recibir deportados de Estados Unidos que no son sus propios ciudadanos.

Además de acuerdos en África, Washington ha utilizado países latinoamericanos como Costa Rica, Panamá y Paraguay para recibir a ciudadanos de terceros países.

Organizaciones como Human Rights First y Refugees International sostienen que la escala de estas transferencias ha crecido significativamente. Un reporte publicado en agosto señala que más de 330 personas habían sido trasladadas a países africanos bajo este tipo de acuerdos antes de la nueva serie de vuelos revelada por CBS.

Los términos completos de muchos de los acuerdos bilaterales no son públicos.

El Departamento de Estado dijo a CBS News que no comentaría sobre comunicaciones diplomáticas privadas ni confirmaría la autenticidad de los documentos filtrados, aunque reiteró que la aplicación de las políticas migratorias de la administración Trump es una de sus prioridades.

DHS defiende los traslados

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la política al responder a CBS.

DHS sostuvo que cuando una persona con una orden de deportación presenta una reclamación que impide enviarla a su país de origen, el gobierno puede buscar otra nación que acepte recibirla.

La agencia agregó que las personas que acepten regresar voluntariamente a su país pueden recibir un vuelo pagado y un incentivo de 3.000 dólares, según la declaración proporcionada al medio.

Sin embargo, esa explicación gubernamental es objeto de controversia porque algunos deportados tienen protecciones judiciales precisamente debido al riesgo que enfrentarían si terminaran regresando a sus países de origen.

El caso de un afgano protegido de ser enviado a Afganistán

Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de un afgano de 24 años identificado públicamente solo como Khalil.

Un juez de inmigración estadounidense le concedió en agosto de 2025 una protección conocida como withholding of removal, después de determinar que podía enfrentar persecución si era deportado a Afganistán.

Esa protección impedía que Estados Unidos lo enviara a Afganistán, pero no bloqueaba automáticamente su deportación a un tercer país.

Khalil fue enviado recientemente a la República Centroafricana, pese a no tener vínculos conocidos con ese país. Su abogado dijo que su familia había recibido amenazas del Talibán debido a la colaboración de sus hermanos con fuerzas respaldadas por Estados Unidos durante la guerra en Afganistán.

Uno de sus hermanos sirvió en el Ejército Nacional Afgano y trabajó junto a fuerzas estadounidenses. Otro hermano, piloto entrenado por Estados Unidos, murió durante el conflicto con el Talibán, según documentos y declaraciones revisados por AP y CBS.

El último vuelo incluyó 12 afganos y ocho iraníes

Associated Press confirmó por separado que el vuelo que llegó el sábado a Bangui, capital de la República Centroafricana, transportaba 12 ciudadanos afganos y ocho iraníes, además de personas procedentes de Nepal y Nicaragua.

Fue el segundo grupo de deportados estadounidenses enviado a ese país desde junio.

La República Centroafricana enfrenta desde hace años violencia armada e inestabilidad política. El propio Departamento de Estado estadounidense mantiene una advertencia de viaje de Nivel 4, su nivel máximo, recomendando a ciudadanos estadounidenses no viajar allí debido a riesgos de violencia e inseguridad.

No todos los deportados tienen antecedentes penales

La administración Trump ha destacado en varias ocasiones los antecedentes criminales de algunas personas enviadas a terceros países.

Eso ha ocurrido, por ejemplo, con grupos trasladados a Esuatini y Sudán del Sur.

Sin embargo, los documentos obtenidos por CBS muestran que no todos los deportados en estos programas tienen antecedentes penales. Algunos únicamente tienen infracciones migratorias, como haber entrado sin autorización o carecer de documentación válida para permanecer en Estados Unidos.

Por eso, no sería correcto describir al conjunto de las personas enviadas a África como delincuentes.

Liberia acepta recibir hasta 1.200 deportados

Uno de los acuerdos más amplios conocidos públicamente es el alcanzado con Liberia.

El país africano recibió el 20 de agosto aproximadamente 20 deportados procedentes de distintas nacionalidades en su primer vuelo bajo el programa.

El gobierno liberiano ha indicado que podría aceptar hasta 1.200 personas deportadas desde Estados Unidos durante un año, y que los recién llegados podrán solicitar asilo en Liberia.

Durante aquel vuelo, un pequeño grupo se negó inicialmente a bajar del avión después de llegar al país, según un funcionario estadounidense citado por CBS.

¿Qué permite la ley estadounidense?

La legislación federal contempla circunstancias en las que una persona con una orden de remoción puede ser enviada a un país distinto del suyo.

El 8 U.S.C. §1231 establece una secuencia de posibles destinos y permite, bajo determinadas circunstancias, la remoción hacia otro país cuyo gobierno acepte recibir a la persona cuando los destinos anteriores resulten impracticables, inconvenientes o imposibles.

La misma ley establece una restricción importante: Estados Unidos no debe remover a una persona hacia un país cuando se determine que su vida o libertad estarían amenazadas allí por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política.

También existen protecciones derivadas de la Convención contra la Tortura.

La controversia jurídica no gira simplemente en torno a si existen terceros países posibles, sino también alrededor de qué aviso y oportunidad debe tener el inmigrante para plantear que podría sufrir persecución o tortura en el nuevo destino.

La Corte Suprema intervino en 2025

En abril de 2025, un juez federal había impuesto requisitos adicionales antes de que DHS pudiera efectuar estas deportaciones, entre ellos notificar previamente a las personas y darles una oportunidad significativa de plantear temor de persecución o tortura.

En junio de 2025, la Corte Suprema suspendió temporalmente esa orden judicial, permitiendo que la administración continuara con deportaciones a terceros países mientras avanzaba el litigio. La decisión fue de carácter procesal y no constituyó una resolución definitiva sobre todos los méritos constitucionales de la política.

Los tres jueces liberales de la Corte en ese momento discreparon de la decisión.

Abogados alertan sobre posibles deportaciones en cadena

Una de las mayores preocupaciones de organizaciones defensoras de inmigrantes es lo que se conoce como “chain refoulement” o devolución en cadena.

El riesgo consiste en que Estados Unidos envíe primero a una persona a un tercer país y que ese país posteriormente la devuelva al lugar del que originalmente huyó.

Human Rights First y Refugees International sostienen que existen casos en los que personas trasladadas a terceros países han terminado enfrentándose a nuevas expulsiones, detención, separación familiar o incertidumbre sobre su estatus.

La administración Trump rechaza la caracterización de que esté enviando deliberadamente personas a lugares inseguros y sostiene que busca países dispuestos a recibirlas legalmente.

Un cambio importante en la estrategia de deportación

Las deportaciones a terceros países no fueron creadas por la administración Trump y la legislación estadounidense contempla esa posibilidad desde hace años.

Lo extraordinario es la escala y frecuencia con la que la actual administración está intentando utilizarlas.

Durante años, muchas personas que tenían órdenes de deportación pero no podían ser enviadas a sus países por razones legales o porque esos gobiernos no las aceptaban permanecían en Estados Unidos bajo distintas formas de supervisión.

Ahora, Washington está negociando activamente con gobiernos de África, América Latina y otras regiones para encontrar nuevos destinos.

Qué está confirmado y qué sigue sin conocerse

Está confirmado que ICE ha utilizado terceros países para deportaciones y que gobiernos africanos como Liberia, Esuatini y República Centroafricana ya han recibido personas que no son ciudadanos de esas naciones. AP ha documentado casos individuales y CBS obtuvo documentos internos que registran más de 100 deportados en tres vuelos durante un periodo de 10 días.

Lo que permanece menos transparente son todos los términos financieros y diplomáticos de los acuerdos, las obligaciones concretas de cada país receptor y qué ocurrirá a largo plazo con cada persona deportada.

El Departamento de Estado ha evitado divulgar las negociaciones diplomáticas completas.

La expansión de las deportaciones a terceros países abre una nueva fase de la política migratoria estadounidense.

Para la administración Trump, estas transferencias permiten ejecutar órdenes de deportación que de otro modo podrían quedar bloqueadas.

Para abogados y organizaciones de derechos humanos, la preocupación central es si una persona puede ser enviada a un país con el que no tiene relación y si dispone de suficientes garantías para demostrar que también estaría en peligro allí.

Los nuevos vuelos hacia ocho países africanos muestran que la estrategia ya no es excepcional: se está convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada dentro del sistema de deportaciones de Estados Unidos.

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