Muchos venezolanos ven como una cesión de soberanía el amplio acuerdo petrolero con Estados Unidos

CARACAS.— El nuevo acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos está provocando una reacción profundamente dividida dentro del país: mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez lo presenta como una vía para atraer inversión, recuperar producción y modernizar una industria deteriorada, numerosos venezolanos consideran que conceder una participación tan amplia a Washington representa una pérdida de control sobre uno de los símbolos centrales de la soberanía nacional.

Associated Press recogió testimonios en Caracas y en Cabimas, histórico centro petrolero del estado Zulia, donde residentes describieron el acuerdo como una entrega de una parte importante del patrimonio energético venezolano. Al mismo tiempo, otros entrevistados reconocieron que Venezuela necesita capital, tecnología y maquinaria para recuperar una producción que permanece muy por debajo de sus máximos históricos.

¿Qué recibió Estados Unidos?

El acuerdo gira alrededor de North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP, empresa controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.

La administración Trump informó que Venezuela concedió a la empresa conjunta derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas totales del país. Venezuela posee aproximadamente 300.000 millones de barriles de reservas probadas.

Es importante precisar que el acuerdo no significa que Estados Unidos haya pasado a ser propietario del subsuelo venezolano o de 65.000 millones de barriles ya extraídos. Lo que se ha estructurado son derechos de desarrollo sobre determinados campos y una participación económica estadounidense en la empresa vinculada al proyecto.

El Pentágono tendrá una posición del 35%

La Casa Blanca confirmó que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una posición del 35% en NABEP.

Reuters informó posteriormente que esa participación fue estructurada mediante los llamados “penny warrants”, instrumentos que permiten al gobierno estadounidense adquirir posteriormente las acciones por un precio simbólico y, al mismo tiempo, proteger su porcentaje frente a futuras rondas de capital.

Según un funcionario estadounidense citado por Reuters, el esquema permite a Washington recibir beneficios económicos equivalentes a los de un accionista mientras el proyecto se desarrolla, sin que su participación se diluya si NABEP necesita captar miles de millones adicionales.

Estados Unidos también tendrá acceso preferente al petróleo

El Pentágono obtuvo además un derecho preferente sobre la producción de NABEP.

Un funcionario estadounidense explicó a Reuters que 20% de la producción podrá ser adquirido por Estados Unidos a un precio basado en el costo de producción, mientras otras cantidades podrían comprarse a precios de mercado.

El secretario de Energía, Chris Wright, también afirmó en Caracas que el gobierno estadounidense ejercerá un control estricto sobre el flujo de fondos generado por el acuerdo.

El gobierno de Trump considera el proyecto parte de una estrategia para aumentar la disponibilidad de crudo venezolano para refinerías estadounidenses, reforzar la seguridad energética y eventualmente ayudar a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo.

El acuerdo fue aprobado por la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional venezolana, dominada por el oficialismo, respaldó el acuerdo el 1 de septiembre.

Reuters calificó el pacto como un arreglo sin precedentes por su duración y por el volumen de reservas involucrado. Los 17 campos incluidos se encuentran entre zonas de la Faja del Orinoco y la cuenca del Lago de Maracaibo.

NABEP se comprometió, según la Casa Blanca, a movilizar aproximadamente 100.000 millones de dólares en nuevas inversiones petroleras.

Rodríguez sostiene que el desarrollo de esos campos permitirá incrementar la producción, recuperar infraestructura y generar ingresos fiscales para Venezuela.

Una cuestión que toca directamente la identidad venezolana

La reacción social al pacto no puede entenderse únicamente como una discusión financiera.

Durante más de un siglo, el petróleo ha moldeado la economía, la política y buena parte de la identidad venezolana. El país nacionalizó la industria en la década de 1970 y creó Petróleos de Venezuela, PDVSA, bajo un modelo en el que las compañías extranjeras operaban principalmente como socios minoritarios.

La riqueza petrolera financió durante distintas etapas gasolina subsidiada, becas, programas sanitarios, infraestructura y empleos públicos.

Ese legado contribuyó a consolidar una idea profundamente arraigada: el petróleo pertenece a la nación y cualquier participación extranjera debe mantenerse subordinada al interés venezolano.

Por eso, un acuerdo que concede derechos durante un siglo y otorga al gobierno estadounidense una posición económica directa tiene una carga política y simbólica mucho mayor que un contrato petrolero convencional.

“Entrega” para unos, oportunidad para otros

AP encontró posiciones contradictorias entre venezolanos.

En Caracas, algunos entrevistados expresaron indignación y consideran que la intervención estadounidense en Venezuela terminó conduciendo precisamente a una ampliación del control de Washington sobre el sector energético.

En Cabimas, donde pozos y oleoductos forman parte del paisaje cotidiano, existe también una visión más pragmática: algunos trabajadores y residentes consideran dolorosa la magnitud de las concesiones, pero creen que el país necesita inversión extranjera porque carece de suficiente maquinaria, tecnología y capital para recuperar por sí solo toda su capacidad petrolera.

Por ello, no puede afirmarse que “los venezolanos” en conjunto rechacen el acuerdo. Lo confirmado es que existe un fuerte debate y que AP documentó numerosos testimonios que lo perciben como una cesión de soberanía, junto con otros que lo aceptan como posible costo de una recuperación económica.

Rodríguez rechaza que Venezuela haya perdido soberanía

La presidenta interina ha defendido públicamente el pacto.

Rodríguez sostiene que el objetivo es convertir nuevamente al país en una potencia energética y que los acuerdos con inversionistas extranjeros no eliminan la soberanía venezolana sobre sus recursos.

Durante la visita del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, el gobierno venezolano presentó los nuevos contratos como parte de una reapertura más amplia del sector energético.

En paralelo, Caracas ha firmado o ampliado acuerdos con Chevron, Eni, GeoPark y otros operadores internacionales, señal de que la estrategia no se limita exclusivamente al proyecto con NABEP.

Chevron también está ampliando su presencia, pero es otro acuerdo

El proyecto con NABEP debe diferenciarse de la expansión anunciada por Chevron.

Chevron está ampliando inversiones en sus propias operaciones y empresas mixtas en Venezuela, mientras el acuerdo de los 17 campos corresponde a un esquema separado que involucra a NABEP y la participación del gobierno estadounidense.

La simultaneidad de ambos anuncios ha generado cierta confusión pública, pero Chevron no controla los 65.000 millones de barriles incluidos en el acuerdo de NABEP.

La industria necesita enormes inversiones

Aunque el volumen de reservas es extraordinario, recuperar la producción venezolana no será rápido.

La producción del país llegó a superar los 3 millones de barriles diarios a finales de la década de 1990, pero actualmente ronda aproximadamente 1,1 a 1,2 millones de barriles diarios, según Reuters.

Décadas de falta de inversión, deterioro de plantas, problemas eléctricos, pérdida de personal especializado, corrupción, mala gestión y sanciones redujeron significativamente la capacidad operativa.

Analistas advierten que desarrollar plenamente los nuevos proyectos exigirá miles de millones de dólares y varios años de perforación, rehabilitación de oleoductos, recuperación de refinerías y construcción de infraestructura.

El gobierno estadounidense protege su participación a largo plazo

Los detalles divulgados esta semana muestran que Washington no está planteando una participación meramente simbólica.

El mecanismo de warrants fue diseñado para impedir que el porcentaje del gobierno estadounidense se reduzca cuando NABEP busque nuevo capital. Además, Estados Unidos tendrá derechos sobre dividendos y acceso privilegiado a parte del crudo producido.

La estructura convierte al gobierno estadounidense en un participante económico directo dentro de un proyecto petrolero venezolano, algo que explica buena parte de las críticas tanto dentro de Venezuela como en Washington.

También existen cuestionamientos en Estados Unidos

Miembros del Congreso estadounidense han pedido más información sobre la base jurídica y financiera del acuerdo.

El senador demócrata Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados, cuestionó que el Pentágono participe como inversionista en un negocio petrolero privado. El republicano Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, también pidió conocer más detalles del pacto.

Otro punto bajo escrutinio es que los derechos sobre los campos fueron otorgados sin un proceso competitivo, según Reuters.

El petróleo vuelve al centro de la política venezolana

La controversia reabre una discusión histórica.

Venezuela pasó gran parte del siglo XX intentando equilibrar dos objetivos: aprovechar capital y tecnología extranjeros para producir petróleo y, al mismo tiempo, mantener control nacional sobre un recurso considerado estratégico.

El chavismo llevó esa política hacia una mayor intervención estatal y obligó a compañías extranjeras a aceptar participaciones minoritarias. ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaron el país después de expropiaciones y disputas durante el gobierno de Hugo Chávez.

El nuevo modelo representa un giro importante: Caracas está ofreciendo condiciones mucho más amplias a compañías privadas y ahora también existe una participación económica directa del gobierno estadounidense.

El acuerdo puede generar inversiones, producción y empleos que Venezuela necesita con urgencia, pero también toca una de las fibras más sensibles de la identidad nacional.

Para muchos venezolanos, el debate no se reduce a cuántos barriles podrán extraerse o cuánto dinero entrará al país. La pregunta es quién controlará una parte sustancial de los recursos que durante generaciones fueron presentados como patrimonio exclusivo de la nación.

La respuesta definitiva dependerá no solo de los contratos, sino de si los beneficios prometidos —inversión, empleo, producción y mayores ingresos públicos— llegan efectivamente a la población.

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